SAN JUAN.— La Cámara de Diputados de San Juan sancionó este jueves por amplia mayoría la Ley de Desarrollo Local Minero, una de las principales apuestas legislativas del gobernador Marcelo Orrego para fortalecer la participación de trabajadores, empresas y proveedores sanjuaninos en los grandes emprendimientos metalíferos que se desarrollen en la provincia. La sesión inició una hora más tarde de lo previsto, a las 10, y fue presidida por el diputado del PRO, Enzo Cornejo, debido a que el vicegobernador Fabián Martín quedó transitoriamente a cargo del Poder Ejecutivo.

Aunque el oficialismo llegaba al recinto con despacho favorable luego de el trabajo en comisiones junto a los bloques dialoguistas, el desenlace fue aún más amplio de lo previsto. Hubo 33 respaldos y dos rechazos.

El bloque Justicialista, que durante el tratamiento previo había decidido retirarse sin firmar el dictamen, finalmente acompañó la iniciativa luego de dejar planteadas observaciones técnicas. Así, la ley fue aprobada por una importante mayoría de los diputados presentes.

El único ausente al momento de la votación fue el legislador de La Libertad Avanza, Fernando Patinella. En tanto, los representantes del sector de José Luis Gioja, Mario Herrero y Graciela Seva, votaron en contra.

Durante el debate, el peronismo del sector del senador Sergio Uñac dejó en claro que su respaldo no implicaba una adhesión sin cuestionamientos. La diputada y exministra de Hacienda, Marisa López, recordó la discusión por la adhesión de San Juan al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cuestionó que quienes respaldaron ese esquema nacional ahora impulsaran una norma destinada a proteger a los proveedores mineros sanjuaninos.

A la vez, explicó que el bloque había propuesto modificaciones de carácter técnico, principalmente vinculadas a las etapas de cierre y poscierre de mina. Pese a esos reparos, el justicialismo -exceptuando el San Juan Vuelve- resolvió acompañar la sanción de la ley.

Otra de las intervenciones que dejó la sesión fue la de la diputada Fernanda Paredes, quien aseveró: \"No se puede ser libertario en Buenos Aires y estatista en San Juan\", al exponer su posición sobre el rol que debe asumir el Estado en el desarrollo de la actividad minera. Los tres ejes de la ley La norma se sostiene sobre tres pilares centrales.

El primero es el desarrollo del empleo local, con la meta de que el 80% de los trabajadores de cada operación minera sean residentes de San Juan, otorgando prioridad a quienes vivan en los departamentos de influencia directa. El segundo apunta al fortalecimiento de los proveedores locales, fijando como objetivo que el 60% del monto anual de las contrataciones de bienes, obras y servicios recaiga sobre empresas sanjuaninas que puedan competir en condiciones de mercado.

El tercer eje es menos visible, pero igualmente estratégico. La ley busca vincular las acciones voluntarias de las empresas con los planes estratégicos de los municipios para que las inversiones en educación, salud, infraestructura y desarrollo comunitario respondan a una planificación de largo plazo y no a iniciativas aisladas.

Más previsibilidad para las empresas sanjuaninas Uno de los aspectos distintivos de la ley es la previsibilidad que procura generar para el entramado productivo local. Las empresas mineras deberán publicar sus planes de demanda de bienes y servicios con cronogramas estimados de compras, de manera que los proveedores sanjuaninos puedan conocer con anticipación las futuras necesidades de cada proyecto y prepararse para competir.

El objetivo es que un metalmecánico de Jáchal, una empresa logística de Iglesia o un proveedor de Calingasta puedan anticipar qué demandará la mina y desarrollar las capacidades necesarias para participar de esas contrataciones. Asimismo, las operadoras deberán realizar análisis de brechas para identificar qué bienes y servicios requieren y cuáles pueden ser cubiertos por empresas radicadas en la provincia.

Los principales puntos de la ley Entre las herramientas más importantes que incorpora la norma se destacan: * La obligación de que las empresas mineras y sus principales contratistas presenten Planes de Desarrollo Local con metas progresivas de empleo y contratación de proveedores, actualizables cada dos años y con informes periódicos de cumplimiento. * El objetivo de alcanzar un 80% de trabajadores sanjuaninos, priorizando a los residentes de los departamentos de influencia directa. * La meta de destinar el 60% del monto anual de compras de bienes, obras y servicios a proveedores locales cuando exista oferta competitiva. En caso contrario, las empresas deberán justificar técnicamente esa situación. * La creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN), de carácter público y digital, con requisitos de arraigo efectivo en la provincia, como domicilio operativo, tributación local y una planta integrada en al menos un 80% por trabajadores sanjuaninos. * Un Certificado de Crédito Fiscal transferible para las operadoras que cumplan simultáneamente las metas de empleo y compras locales, beneficio que podrá ser cedido a pequeñas y medianas empresas proveedoras para cancelar impuestos provinciales. * Nuevos mecanismos de transparencia en las contrataciones, mediante procedimientos públicos para la convocatoria de bienes y servicios y la comunicación de las adjudicaciones.

Del desacuerdo en comisiones al respaldo La sanción puso fin a un proceso legislativo que había comenzado con diferencias durante el tratamiento en comisiones. El oficialismo y los bloques dialoguistas lograron emitir despacho favorable, mientras que el bloque Justicialista optó por retirarse sin firmarlo, una decisión que había sido cuestionada por el diputado bloquista de Iglesia, Gustavo Deguer, quien remarcó que la oposición no había participado del debate técnico.