Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres personas, dos en Vizcaya y otro en Álava, e investigan a una cuarta, también en Álava, por liderar una red de explotación laboral a trabajadores extranjeros dedicada a suministrar mano de obra barata en obras de construcción del norte de España.Según ha informado este jueves el instituto armado, en la operación Ambotan-Canapu se han identificado, al menos, a 41 víctimas en situación de vulnerabilidad (cinco en Vizcaya) que trabajaban en Cantabria, Asturias y País Vasco y que habían realizado largos viajes con promesas de trabajo dignos y estables. Alguno de ellos había llegado a pagar hasta 30.000 euros para financiar su viaje y estancia en España, contrayendo deudas para ello e, incluso, hacían escalas en países como Italia y Grecia para poder llegar a su destino final.La Policía Judicial de la Guardia Civil ya habrían detectado el pasado verano la posibilidad de existencia de una red de explotación laboral, donde se apuntaba a la presencia de delitos relacionados con la inmigración laboral, contra los derechos de los trabajadores, la trata de personas y los derechos de los ciudadanos extranjeros.Luego de las diversas vigilancias y comprobaciones en entidades de Cantabria, País Vasco y Asturias, consiguieron identificar una empresa donde el principal responsable trabajaba en Vizcaya, pero con sede en Vitoria-Gasteiz.

Descubrieron que muchos de los trabajadores se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad por circunstancias económicas o sociales, lo que favorecía un estado de dependencia respecto quienes controlaban sus desplazamientos y condiciones de trabajo.Asimismo, los guardias descubrieron que en distintos puntos de Vitoria, al inicio de cada jornada laboral, un gran número de trabajadores recorrían cientos de kilómetros en vehículos hasta diferentes obras de construcción. En los casos de Asturias y Cantabria, debido a la distancia respecto a la sede de la empresa investigada, los trabajadores eran alojados en viviendas donde permanecían durante la semana laboral en condiciones que están siendo investigadas.Ante esto, y en virtud del convenio de colaboración existente, en febrero de 2026 se incorporó a la investigación la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Durante las pesquisas se constataron varios accidentes laborales sufridos por trabajadores vinculados a este entramado. Al menos dos habrían sido trasladados a centros sanitarios y posteriormente apartados de su empleo.Así las cosas, se reunieron indicios sobre la existencia de una red organizada dedicada a favorecer la inmigración irregular y explotar laboralmente a trabajadores extranjeros, entre otros ilícitos penales.Setenta efectivosEn su fase de explotación final este pasado mes, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Policía Judicial en Álava y Cantabria, con el apoyo de más de 70 efectivos de las Usecic de la Guardia Civil en País Vasco, Cantabria y Asturias, llevaron a cabo un operativo simultáneo en varias obras del norte.Como resultado, han sido inspeccionadas diez obras en estas comunidades, y han sido detectadas presuntas irregularidades laborales en siete de ellas.

Durante el operativo han sido identificados 41 trabajadores extranjeros vinculados a distintas empresas investigadas.La mayoría utilizaba documentación de terceros para acreditar su identidad ya que se encontraban en situación administrativa irregular. Durante las actuaciones, muchos trabajadores mostraban inicialmente reticencias a colaborar con las autoridades y dificultaban la verificación de su identidad y situación administrativa.Posteriormente, varios reconocieron haber abonado importantes cantidades de dinero a organizaciones dedicadas a facilitar la inmigración irregular para llegar a España y acceder a un empleo.Registros e inspeccionesEn total, han sido detenidas tres personas, responsables empresariales.

También se investiga a una cuarta por su participación en los hechos. Se han realizado tres registros e inspecciones en inmuebles y establecimientos de Vizcaya y Álava, donde ha sido intervenida documentación y dispositivos electrónicos que están siendo investigados.Luego de las comprobaciones realizadas, 40 de los 41 trabajadores identificados se encontraban en situación administrativa irregular en España.Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Santander, que dirige en la actualidad la instrucción del procedimiento.

La operación, de nombre Ambotan-Canapu, sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.