El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este martes que el Departamento de Estado de Estados Unidos está “utilizando presiones, chantajes y amenazas” sobre los países miembros de Naciones Unidas para que se aplace el próximo debate en el pleno sobre el embargo impuesto por Washington contra la isla. Rodríguez aseveró en rueda de prensa que las sanciones estadounidenses están “causando muertes” en Cuba y que el debate previsto para el 7 de julio cobra especial relevancia en un contexto de crisis agravada por el bloqueo de combustible impuesto en enero por el gobierno del presidente Donald Trump, junto con nuevas sanciones que han provocado la salida de inversión extranjera y el colapso casi total del turismo.

La Asamblea General de la ONU ha votado en 31 ocasiones, incluida la de noviembre de 2025, para pedir el fin del embargo comercial que dura ya más de seis décadas. Históricamente, esas votaciones han sido casi unánimes, con la oposición únicamente de Estados Unidos e Israel.

Expertos de Naciones Unidas ya habían calificado el bloqueo de combustible aplicado en enero como ilegal y como una violación de los derechos humanos de todos los cubanos. El gobierno de La Habana insiste en que las medidas de Washington constituyen una forma de guerra económica que afecta directamente la vida cotidiana de la población.

El embargo de Estados Unidos contra Cuba tiene sus raíces en la Revolución Cubana de 1959, cuando Fidel Castro tomó el poder y inició a implementar reformas que afectaron directamente los intereses económicos estadounidenses en la isla. La nacionalización de empresas, bancos y propiedades de ciudadanos norteamericanos generó un conflicto inmediato con Washington, que respondió con sanciones comerciales y restricciones financieras.

En 1960, el gobierno de Dwight D. Eisenhower impuso las primeras medidas de embargo al suspender la compra de azúcar cubano, principal producto de exportación de la isla, y al restringir la venta de petróleo y maquinaria.

Estas acciones fueron una respuesta directa a la política de nacionalización emprendida por Castro, que expropió compañías estadounidenses sin ofrecer compensación. El embargo se consolidó en febrero de 1962, bajo la administración de John F.

Kennedy, quien firmó la orden ejecutiva que prohibía el comercio entre ambos países. La medida se justificó en el contexto de la Guerra Fría y la creciente alianza de Cuba con la Unión Soviética, lo que convirtió a la isla en un punto estratégico de tensión en el hemisferio occidental.

El episodio más crítico fue la Crisis de los Misiles de 1962, cuando la instalación de armas nucleares soviéticas en territorio cubano llevó al mundo al borde de un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la URSS. Luego de este acontecimiento, el embargo se endureció y se convirtió en un instrumento político para aislar al régimen cubano.

En 1992, la Ley Torricelli prohibió a subsidiarias extranjeras de empresas estadounidenses comerciar con Cuba, mientras que en 1996 la Ley Helms-Burton reforzó las sanciones y codificó el embargo en la legislación estadounidense, dificultando su levantamiento sin aprobación del Congreso. El gobierno cubano ha denunciado reiteradamente que el embargo constituye un “bloqueo” que afecta su economía y limita el acceso a bienes esenciales, mientras que Estados Unidos lo ha defendido como una medida de presión para promover cambios políticos y democráticos en la isla.

En los últimos años, el embargo ha sido objeto de debate internacional. La Asamblea General de la ONU ha votado en múltiples ocasiones contra su continuidad, señalando que representa una violación al derecho internacional y que ha tenido un impacto negativo en la población cubana.

Con información de Reuters.