Ubicado a más de 3.800 metros de altura, el Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Su vínculo con los pobladores que habitan a sus orillas y en todo el Altiplano es primordial, pues sus aguas los han provisto desde siempre de diversos medios de subsistencia.

No en vano los antiguos peruanos le confirieron una dimensión mítica, cuyo eco ha llegado hasta nosotros. Asimismo, a actividades económicas desarrolladas allí desde épocas ancestrales, como la pesca y la agricultura, se le sumaron en las postrimerías del siglo XX el turismo y la industria hotelera, que trajeron trabajo y bienestar a la región.

Todo eso, no obstante, está en peligro por el descuido al que esta auténtica maravilla que compartimos con Bolivia está sometida desde hace tiempo.Un trabajo del Laboratorio Universitario de El Comercio (en el que intervinieron 47 estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y del programa de Humanidades Digitales de la Universidad del Pacífico), publicado el domingo en nuestras páginas, ha puesto en evidencia que el Titicaca y los ríos que lo alimentan vienen recibiendo desde hace décadas descargas de aguas residuales y basura que, junto con la presencia de arsénico, plomo y mercurio en ellas, están afectando la biodiversidad del lago, así como la salud del ganado que pasta en sus inmediaciones e incluso la de los propios puneños. De hecho, en los últimos 20 años se han registrado 987 muertes relacionadas con el consumo de agua contaminada en la zona, con la particularidad de que los niños menores de 11 años y los adultos mayores conforman los grupos más vulnerables a esa realidad.

El daño, no obstante, alcanza a no menos de 42.000 compatriotas, repartidos entre las islas flotantes del lago y sus orillas, que padecen problemas gastrointestinales y renales, entre otros.La pregunta que se cae de madura, desde luego, es qué han hecho y hacen las autoridades frente a esta dramática situación. Y la respuesta, lamentablemente, es promesas… En el 2019, el proyecto PTAR Titicaca (plantas de tratamiento de aguas residuales) ofrecía tratar los desagües de Puno y Juliaca a través de una inversión de más de S/860 millones.

Pero las obras, iniciadas en el 2021, acumularon pronto retrasos y observaciones de la contraloría, y el contrato terminó siendo anulado en el 2023, luego de la paralización de los trabajos. Y eso es solo un botón de muestra de la incuria que muestran las autoridades de todo nivel frente a este crítico cuadro.

El lago está abandonado y a nadie con poder como para solucionarlo parece importarle.