Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 35 años, alias Omelet, cumplió condena por narcotráfico entre 2013 y 2018 en Uruguay. Se instaló en 2019 en Paraguay, donde operó hasta 2021, cuando escapó a Emiratos Árabes Unidos.

Su estructura fue desmantelada en 2022 en nuestro país en la histórica operación A Ultranza. Vivió en Bolivia desde 2023, donde reorganizó su grupo, hasta que fue capturado el 13 de marzo de 2026 en dicho país, en una operación de la Policía Boliviana (PB).

Ese mismo día fue entregado a la Drug Enforcement Administration (DEA), que es la agencia federal antidrogas de Estados Unidos y a la vez la más famosa del mundo. Arribó a Estados Unidos al día siguiente y permanece detenido en el Centro de Detención para Adultos William Gene Truesdale, en Alexandría.

Esta es una ciudad del estado de Virginia, pero que queda a solo 15 kilómetros de la Casa Blanca, la residencia presidencial situada en la capital del país, Washington DC. Luego de varias comparecencias previas, finalmente este miércoles 1 de julio podría llevarse a cabo una audiencia clave en el proceso que se le sigue a Marset en Estados Unidos por conspiración para el lavado de dinero, ya que el uruguayo habría utilizado el sistema financiero de ese país para efectivizar las ganancias obtenidas por la venta de cocaína en Europa.

Aunque el jefe de su equipo jurídico siempre fue su compatriota Santiago Moratorio, cuando Marset fue encarcelado en Estados Unidos contrató como abogados al también uruguayo Rodrigo Da Silva y a los estadounidenses Michael Padula y Jean Rossi. No obstante, en un inesperado y llamativo cambio de estrategia, Marset despidió a estos tres defensores y anunció la eventual contratación de otros dos.

En una carta redactada a mano por él mismo y dirigida al juez de su caso, Rossie David Alston Jr., el uruguayo Sebastián Marset se declara inocente, anuncia la intención de cambiar a sus abogados, denuncia supuestas arbitrariedades en la cárcel donde está alojado e incluso acusa de extorsión a agentes de la DEA que dirigen la investigación. Si cooperaba con la justicia norteamericana, y más aún si delataba a sus cómplices de Bolivia, Paraguay y Uruguay, Marset podría haber sido condenado a solo 20 años de cárcel, con la posibilidad incluso de salir mucho antes de prisión.

De hecho, el ofrecimiento que le hizo la Fiscalía Federal se basaba aparentemente en esos términos. Pero en su carta redactada el 17 de junio pasado, Marset desafía abierta y públicamente a las autoridades locales, que entonces también podrían ser implacables con él.

A continuación trascribimos la traducción estimativa de la carta de cuatro páginas que redactó Sebastián Marset en inglés. . Estimado Juez Alston: Le escribo respetuosamente para llamar su atención sobre una serie de graves violaciones a mis derechos fundamentales que han ocurrido de manera continua desde el primer momento en que fui privado de mi libertad, y que creo requieren su conocimiento para asegurar un proceso justo.

Los hechos comenzaron el 13 de marzo de 2026, cuando fui sacado de mi casa en Bolivia, a las 3:00 AM, sin una orden de allanamiento ni una orden de arresto, y sin ningún proceso formal de extradición. Ese día fui expulsado del país y entregado directamente a agentes de la DEA, en lo que constituye una entrega irregular que viola tratados internacionales y el principio de especialidad.

El 14 de marzo, al llegar al aeropuerto de Dulles, solicité verbalmente un abogado y mi solicitud fue ignorada. Fui sometido a interrogatorio sin representación legal, en violación directa de mis derechos consagrados en la Quinta y Sexta Enmiendas.

Durante ese interrogatorio, los agentes me amenazaron con no volver a ver a mis hijos y pasar el resto de mi vida en prisión si no cooperaba. Posteriormente, el resumen del interrogatorio fue falsificado: se registraron declaraciones que nunca hice y se registraron como aceptaciones negaciones que expresamente hice.

Esto constituye una alteración fraudulenta de un documento oficial. De camino a mi lugar de detención ese mismo día, los agentes Michael Greisen y Tyler Ganzel exigieron que les proporcionara acceso a mis billeteras de criptomonedas, valoradas en aproximadamente 4 millones de USDT. (USDT quiere decir United States Dollar Tether, la criptomoneda conocida también como el dólar digital y que tiene casi el mismo valor que la moneda física de ese país.) Este intento de extorsión está documentado: los agentes posteriormente contactaron a mi madre, Sandra Fabiana Cabrera López, vía WhatsApp, desde el número +1 (929) 768-0292, solicitando fotografías de un cuaderno que contenía las claves de acceso a dichas billeteras.

Estos mensajes se conservan y constituyen evidencia escrita directa de la conducta extorsiva. Mis abogados actuales se han negado a reportar estos hechos o a presentar acciones para remover al AUSA Anthony T.

Aminoff del caso. (AUSA quiere decir Assistant United States Attorney, lo que en español sería la descripción del cargo de Fiscal Federal Adjunto. Anthony T.

Aminoff es el fiscal federal adjunto que encabeza la investigación contra Marset.) El 19 de mayo de 2026, mis abogados notificaron formalmente al AUSA Aminoff sobre la conducta extorsiva de los agentes. El AUSA Aminoff no tomó ninguna medida al respecto, lo que constituye un encubrimiento activo en violación de sus obligaciones bajo las doctrinas Brady/Giglio y las normas de conducta profesional.

Asimismo, el AUSA Aminoff ha insistido persistentemente en que acepte un acuerdo de culpabilidad respecto a cargos sobre los cuales creo que Estados Unidos no tiene jurisdicción válida, dado que ninguna de las conductas alegadas sucedió en territorio estadounidense, y ha amenazado con agregar nuevos cargos si no acepto dicho acuerdo. Ante la inacción de mis abogados, mi familia se vio obligada a presentar quejas formales ante el FBI, DOJ-OIG, DOJ-OPR y otros organismos federales de supervisión. (FBI quiere decir Federal Bureau of Investigation, que es la oficina federal de investigaciones de Estados Unidos y a la vez más famosa del mundo.

DOJ-OIG se refiere a la Oficina de Inspectoría General del Departamento de Justicia. DOJ-OPR se refiere a la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia.) He intentado consultar a nuevos abogados, específicamente al Sr.

Robert Feitel y la Sra. Sandi Rhee, que están cerca de ser contratados formalmente.

No obstante, el US Marshal Timothy Alley ha impedido activamente que estos abogados se reúnan conmigo, en violación directa de mi elección, garantizada por la Sexta Enmienda, y reafirmada por la Corte Suprema de Estados Unidos. (Timothy Alley es un alguacil federal de Estados Unidos, miembro del U.S. Marshals Service, que a su vez es una agencia federal policial.

Sería en la práctica el director de la cárcel donde está Marset.) Solicito respetuosamente que Su Señoría: En primer lugar, emita una orden inmediata que dirigida al Marshal Timothy Alley para permitir el acceso de mis nuevos abogados sin más demora. En segundo lugar, en caso de transferencias para audiencias u otros procedimientos, tome las medidas necesarias para garantizar que no tenga contacto con los agentes de la DEA involucrados en este caso, dado el riesgo que esto representa para mi seguridad e integridad.

En tercer lugar, tome nota de la cadena de irregularidades documentadas aquí, las cuales serán objeto de la acción correspondiente una vez que mis nuevos abogados asuman mi representación. No soy culpable de los cargos que se me imputan y estoy preparado para probarlo.

Mi único deseo es tener acceso a una representación legal adecuada y a un procedimiento justo. Confío en la independencia e imparcialidad de este tribunal para garantizar que se respeten mis derechos.

Pido disculpas si este proceso causa algún retraso en los procedimientos. No obstante, es un paso necesario ya que mi libertad y mi vida están en juego.

Quedo a su disposición para la audiencia que Su Señoría considere necesaria. Respetuosamente, Sebastián Enrique Marset Cabrera.