POSADAS.— Veintidós años después de la tragedia que conmocionó al país, la Corte Suprema de Justicia ordenó este viernes que el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires indemnicen a los familiares de las víctimas de la masacre de Carmen de Patagones. Con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó por inadmisibles los recursos presentados por el Ministerio de Seguridad —en representación de Prefectura Naval Argentina— y por la Fiscalía de Estado bonaerense, en nombre de la Dirección General de Cultura y Educación.La resolución fue dictada en el marco de la demanda impulsada por la madre de Sandra Núñez, una de las tres víctimas fatales del ataque.

La Corte ya se había pronunciado en el mismo sentido el año pasado en la causa iniciada por los familiares de Federico Ponce, otro de los chicos asesinados ese día. La tercera víctima, Evangelina Miranda, también cuenta con una demanda en curso, que recibió fallo en primera instancia en octubre de 2024.Lo que sucedió aquel 28 de septiembreEra la mañana del martes 28 de septiembre de 2004 en la Escuela de Enseñanza Media N° 202 "Islas Malvinas" de Carmen de Patagones.

Luego del izamiento de la bandera, los alumnos del primer año del ciclo Polimodal ingresaron al aula. Rafael "Juniors" Solich, de 15 años, se paró frente al pizarrón, sacó una pistola Browning calibre 9 milímetros y inició a disparar sin decir una palabra.

En pocos segundos vació el cargador. Murieron Federico Ponce, Sandra Núñez y Evangelina Miranda.

Otros cinco compañeros resultaron heridos: Rodrigo Torres, Nicolás Leonardi, Pablo Saldías, Natalia Salomón y Cintia Casasola. Fue la primera masacre escolar de América Latina.El arma que usó Solich pertenecía a su padre, suboficial de la Prefectura Naval Argentina, quien la guardaba en su habitación con los cargadores puestos.

Ese detalle fue determinante en la construcción de la responsabilidad estatal: la Justicia entendió que Prefectura incumplió con el protocolo de custodia del arma reglamentaria, y que la escuela tampoco actuó con la diligencia necesaria pese a que varios docentes habían advertido que la conducta de Juniors era alarmante. Incluso el propio padre del tirador había concurrido al establecimiento cuatro meses antes del ataque, preocupado por dibujos de esvásticas que había encontrado entre las pertenencias de su hijo.Solich fue declarado inimputable por su edad y derivado a una serie de institutos y clínicas psiquiátricas, donde permanece bajo supervisión judicial permanente.

Ante la jueza de menores que llevó su causa le expresó: "Cuando tiré, no era yo".