LA PLATA.— La Municipalidad de Salta y la Provincia presentaron ayer un mecanismo para financiar la preservación del patrimonio histórico sin que el Estado ponga un peso. El programa se llama Impulso Urbano y funciona como un mercado de metros cuadrados: los dueños de edificios protegidos en el centro histórico podrán vender a desarrolladores privados la capacidad de construcción que tienen restringida por estar en zona patrimonial.

Con ese dinero deberán restaurar y mantener sus inmuebles.La iniciativa se presentó ante el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano Ambiental (CoMDUA), encabezado por el intendente Emiliano Durand. El programa piloto fue desarrollado desde el Área de Coordinación de Planificación Territorial de la Municipalidad, a cargo de Mariana Zoricich, en conjunto con la CoPAUPS —Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta—.Ambos organismos participaron de una jornada donde se analizó el desarrollo urbano de la Capital.

El mismo todavía no está en marcha: falta la firma del decreto municipal que lo reglamente oficialmente.Cómo funcionaEl mecanismo es el siguiente. Si un propietario tiene una casona en el centro histórico que no puede demoler ni ampliar porque está protegida por ley, el Estado calcula cuántos metros cuadrados dejó de construir por esa restricción.

Esos metros —que hoy no le generan ningún beneficio— se convierten en un activo que puede vender.Un desarrollador que quiera levantar un edificio en otra zona de la ciudad —especialmente en barrios con déficit de inversión— puede comprarle esos metros (que se formalizan como títulos transferibles) y agregarlos a su obra. El propietario recibe dinero en efectivo.

El desarrollador gana capacidad constructiva adicional. El municipio preserva el patrimonio sin gastar fondos públicos."Este programa piloto busca subsanar esa herida histórica en la que se le pedía al propietario que protegiera por el bien común.

Ahora se le dará una inyección económica para que pueda hacerlo", destacó a El Tribuno Laura Saha, presidenta de la CoPAUPS.Hay un incentivo adicional para el comprador. Como el metro cuadrado en el centro histórico tiene un valor de mercado más alto que en otras zonas, la equivalencia no es uno a uno: un metro emitido por un edificio patrimonial puede equivaler por ejemplo a dos metros utilizables en el predio receptor.

Eso hace más atractiva la operación para el desarrollador.Según el documento oficial del programa, 3.835 inmuebles privados del área centro están habilitados para emitir metros. La zona protegida abarca desde avenida Bicentenario hasta calle San Juan, desde avenida Sarmiento al oeste y calle Alsina al norte.

También incluye el corredor Balcarce, el Monumento a Güemes, el Colegio Santa Rosa de Viterbo, la Iglesia La Viña y el entorno de la estación de ferrocarril.Del otro lado, 40.579 propiedades privadas en zonas de renovación urbana podrían recibir esa capacidad constructiva adicional. La participación es voluntaria para ambas partes: ni los propietarios del centro están obligados a vender, ni los desarrolladores a comprar.Una deuda de 20 añosLa arquitecta Laura Saha fue directa al describir el problema que este programa intenta resolver.

Durante dos décadas, la Ley Provincial 7418 —que este año cumple 20 años— obligó a los propietarios a conservar sus edificios históricos sin darles ninguna compensación económica a cambio. Muchos sintieron que cargaban solos con un costo que beneficiaba a toda la ciudad."En vez de trabajar en el centro, estaríamos trabajando para el centro", recordó Saha que resumió uno de los miembros de Cadisal durante la presentación, sintetizando la lógica del programa: que el desarrollo inmobiliario en otros barrios financie la preservación de lo que es patrimonio de todos."Mucha gente cree que la Comisión está para incomodar, cuando en realidad está cuidando algo que es de todos.

Salta es Salta. Y justamente eso es lo que preserva la Comisión de Patrimonio: la identidad de lo que somos", remarcó la titular del CoPAUPS.El programa tiene una condición que el Estado no puede garantizar: necesita que haya compradores.

Si los desarrolladores no están interesados en adquirir metros patrimoniales, el propietario del edificio histórico no cobra nada y el mecanismo no funciona. Por eso el municipio lo lanzará como piloto de 12 meses —prorrogable a 18— con monitoreo permanente y posibilidad de ajustes.Saha confirmó que las devoluciones recibidas ayer en el CoMDUA —de cámaras, empresas y organismos provinciales— servirán para ajustar el documento antes de que el intendente Durand lo firme como decreto.