La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marisol Peña, hoy profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, fue una de las voces que expusieron en la comisión revisora de la Acusación Constitucional (AC) en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, en la Cámara de Diputados.Su diagnóstico fue gravitante: luego de la exposición, algunos diputados oficialistas anunciaron su rechazo a la presentación impulsada por libertarios y republicanos. Entrevistada por Rodrigo Álvarez y Nicolás Quiñones en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, explicó por qué, según su análisis jurídico, esperaría que la AC “fuera declarada inadmisible”.

En términos personales reconoce que le costó “esbozar esta posición que es estrictamente jurídica, porque mi corazón de ciudadana me hace rechazar profundamente el hecho de que el actual gobierno haya heredado una situación fiscal incierta sentada sobre bases que eran absolutamente febles”. Su diagnóstico jurídico llevó a que diputados se inclinaran por rechazar.

¿Esta AC es un escrito débil?El jueves pasado partí diciendo en la comisión que mi exposición, acogida la invitación que me formularon, no iba a versar sobre personas determinadas. Traté de prescindir de quién era el acusado y concentrarme solamente en el mérito del documento que contiene la acusación.

Me parece que el documento, en síntesis, es una apelación genérica a principios que no logra traducir deberes jurídicos infringidos. La causal de acusación es la infracción de la Constitución y las leyes, pero ésta no puede ser genérica, porque es una responsabilidad que se va a traducir en una sanción muy grave, que es la inhabilidad por cinco años de la persona, en caso de que se declare su culpabilidad.

El escrutinio debe ser muy estricto. No basta invocación genérica de principios, sino que tiene que demostrarse específicamente cuáles son los deberes desde la Constitución o desde la ley que se estiman infringidos, y eso es lo que yo no veo en el texto de la acusación.

¿Usted es defensora del concepto de la acusación constitucional?Absolutamente. Creo que dentro de cualquier sistema, sea presidencial o parlamentario, tiene que existir un tipo de mecanismo en virtud del cual los representantes del pueblo, de alguna manera, puedan exigir responsabilidades de quienes están llevando el peso de la conducción política.

¿Cree que han tenido un mal uso las acusaciones en el último tiempo?Efectivamente (...). Me sorprende la utilización que se ha venido haciendo de la acusación constitucional.

Por ejemplo, en el caso de los ministros de Estado, tengo la convicción de que la acusación se usa como un gallito para obligar al Presidente de la República a pedirle la renuncia a un ministro de Estado cuando éste está complicado. Lo vimos durante el gobierno pasado y también en gobiernos anteriores.

Creo que se ha producido una cierta desviación de poder, que es un concepto que usamos cuando las instituciones contempladas en el ordenamiento jurídico empiezan a usarse con un fin distinto de aquel para el cual han sido concebidas. En ese sentido me parece muy importante este proyecto de reforma constitucional que se ha anunciado por algunos parlamentarios de carácter transversal.

¿La acusación no logra satisfacer los principios constitucionales para hacerse un convencimiento jurídico de poder acusar al exministro o derechamente no ve alguna causal que se le pueda imputar?Si yo fuera diputada y tuviera que votar mañana, tendría que votar sobre la base del mérito, lo que llamamos el libelo acusatorio, que es el texto de la acusación. Y yo leo las 60 páginas de la acusación y no veo que tenga mérito jurídico (...).

En mi expertise, y esta no es la primera acusación constitucional sobre la que me toca pronunciarme concurriendo a las respectivas comisiones en la Cámara, en esta oportunidad no veo mérito alguno en el libelo acusatorio para que se apruebe esta acusación.Si la AC llegase a pasar al Senado, ¿se marcaría un precedente negativo desde el punto de vista jurídico?De acuerdo al estudio que yo he hecho de esta acusación, a mí me gustaría que fuera declarada inadmisible, porque me parece que no tiene humo de buen derecho, pero entiendo que aquí va a haber un elemento político que va a entrar a tallar y más bien tiene que ver con la pregunta: ¿le perdonamos o no al jefe de la billetera fiscal del anterior gobierno haber cometido errores de este calado y haberlos legado al futuro gobierno? Eso podría de alguna manera oscurecer u opacar el juicio absolutamente jurídico en la declaración de admisibilidad.Mencionaba el proyecto de un grupo transversal de diputados para elevar los requisitos para presentar una AC, aumentando, por ejemplo, de 10 a 20 las firmas necesarias.Lo encuentro una muy buena señal.

En primer lugar, hoy día la exigencia es no menos de 10 ni más de 20 diputados para presentar una acusación...¿Es poco?Es muy poco. En el proyecto que se ha anunciado se habla de que sean 20 diputados, mínimo.

En segundo lugar, la causal de acusación contra los ministros de Estado va a ser igual que la del Presidente, es decir, haber infringido ‘abiertamente’ la Constitución y la ley. Ese adverbio, ‘abiertamente’, no es casual, no es inocuo, porque en el fondo exige un escrutinio mucho más estricto de lo que en la actualidad acontece.

En tercer lugar, me parece muy importante que se eleve el quórum de aprobación de la admisibilidad, que hoy día es de la simple mayoría de los presentes -sabemos que los diputados muchas veces se ausentan de la sala en las votaciones-, a la mayoría absoluta.