RÍO GALLEGOS.— La causa judicial que busca determinar las responsabilidades por el hundimiento del submarino ARA San Juan ingresó este lunes en una de sus etapas más trascendentales. Luego de la cobertura especial de La Opinión Austral del juicio que inició en marzo, este lunes, en una audiencia cargada de contenido técnico, reconstrucciones documentales y fuertes definiciones jurídicas, el Ministerio Público Fiscal inició sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos y solicitó penas de prisión para los cuatro exoficiales imputados por la tragedia que conmocionó a la Argentina y provocó la muerte de 44 tripulantes.

Después de meses de debate oral, decenas de audiencias y más de noventa testigos que desfilaron por la sala, los fiscales comenzaron a exponer la teoría acusatoria con la que buscarán demostrar que el submarino navegó en condiciones deficientes y que quienes tenían responsabilidades de conducción, control y supervisión incumplieron deberes esenciales que pudieron haber evitado el desenlace fatal. Franco Gastón Pruzan, fiscal federal, danto su alegato.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL La audiencia estuvo presidida por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini. Por el Ministerio Público Fiscal participaron Gastón Franco Pruzan, Lucas Colla, Julio Zárate y María Andrea Garmendia Orueta, quienes dividieron la exposición para abordar distintos aspectos de la causa.

El primero en tomar la palabra fue Gastón Franco Pruzan, quien repasó la acusación elevada a juicio y reconstruyó la cadena de mandos que existía dentro de la Armada Argentina en el momento de la última misión del ARA San Juan. Según expuso, Luis Enrique López Mazzeo había asumido en febrero de 2017 como titular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, mientras que Claudio Villamide se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos.

En ese contexto se emitieron las órdenes operativas que culminaron con la misión encomendada al submarino. Claudio Villamide enfrenta hasta 5 años de prisión.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL La Fiscalía remarcó que cuando el ARA San Juan zarpó desde Mar del Plata, el 25 de octubre de 2017, lo hizo en “condiciones técnico-operativas deficientes para realizar las tareas encomendadas”. A partir de documentación incorporada al expediente, los fiscales remarcaron que, luego de la reparación de media vida concluida en 2015, la nave acumuló una serie de desperfectos técnicos que, si bien en algunos casos fueron corregidos, mantuvieron vigentes problemas considerados relevantes para la seguridad operacional.

Uno de los puntos centrales de la acusación fue la situación del mantenimiento. Según expuso el Ministerio Público, el submarino había superado en 26 meses el plazo reglamentario previsto para ingresar a dique seco y realizar tareas esenciales contempladas por el fabricante.

Luis López Mazzeo puede ser condenado a cinco años de prisión. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL “La falta de realización de las tareas de mantenimiento en dique seco se había traducido en la imposición de limitaciones operativas a la unidad que redundaban en un aumento del riesgo ínsito que conlleva la actividad submarina”, recordó Pruzan al leer parte del requerimiento de elevación a juicio.

La acusación también reconstruyó los hechos ocurridos durante la navegación final. De acuerdo con la teoría fiscal, el 14 de noviembre de 2017 tuvo lugar el ingreso de agua de mar al tanque de baterías número tres a través del sistema de ventilación, situación que derivó en un cortocircuito y un principio de incendio en el balcón de barras de baterías.

Para la Fiscalía, las consecuencias de ese episodio afectaron de manera crítica la seguridad del submarino y desembocaron horas después en la pérdida de control de la unidad. Pidieron 4 años de prisión para Héctor Alonso y 3 para Hugo Correa.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL “Las consecuencias mediatas e inmediatas de este incidente afectaron a la tripulación y a los sistemas del submarino de forma tal que el 15 de noviembre a las 10:51 tuvo lugar la pérdida de plano y posterior implosión de la unidad al superar la profundidad de colapso”, remarcó el equipo acusador. Posteriormente, Julio Zárate desarrolló una extensa exposición técnica apoyada en documentación y material gráfico.

A través de filminas y registros incorporados a la causa, repasó reparaciones pendientes, limitaciones operativas y trabajos de mantenimiento que, según la acusación, nunca fueron completados. La intervención de Lucas Colla estuvo enfocada en las responsabilidades funcionales de cada uno de los acusados.

El fiscal describió la estructura de mando de la Armada y el papel que desempeñaban los imputados al momento del hundimiento. El fiscal Julio Zárate repasando los alegatos.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL Recordó que Villamide era la máxima autoridad operativa de la Fuerza de Submarinos, López Mazzeo encabezaba el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Hugo Correa ocupaba cargos vinculados a operaciones y comunicaciones dentro del Comando de la Fuerza de Submarinos, mientras que Héctor Alonso era jefe del Estado Mayor y oficial evaluador del alistamiento. Uno de los momentos más contundentes de la jornada llegó con la exposición de María Garmendia, quien concentró su alegato en la situación de Claudio Villamide.

La fiscal repasó su trayectoria dentro de la Armada y recordó que había integrado la dotación del propio ARA San Juan durante distintos períodos de su carrera. Luego avanzó sobre las responsabilidades que le atribuía la acusación.

Garmendia remarcó que durante el debate quedó acreditado que existían numerosas novedades técnicas pendientes y limitaciones operativas conocidas por la cadena de mando. En ese contexto recordó que el comandante Pedro Martín Fernández había solicitado formalmente el ingreso del submarino a dique seco meses antes del hundimiento. “Hizo el pedido formal, de la manera habilitada, queda en manos de los superiores qué es lo que tenían que hacer”, aseveró.

La fiscal también cuestionó uno de los ejes de la defensa planteada por los imputados.“Las defensas trataron de imponer que Fernández era el que quería salir a toda costa con la nave y eso no era así”, remarcó. Otro de los puntos que resaltó fue la postergación de una inspección de seguridad que, según la acusación, debía realizarse antes de la tragedia. “Con un testigo pudimos saber que se priorizó la realización de operaciones por sobre una inspección de seguridad.

Se pospuso la inspección para diciembre de 2017”, indicó. En relación con Villamide, la representante del Ministerio Público fue categórica: “El incumplimiento del mantenimiento de la nave estaba a cargo de Villamide” y agregó: “Este ministerio considera que se le debe reprochar a Villamide que debía ser predecible el resultado acaecido del ARA San Juan, ya que entra en la violación de los deberes de cuidado que le son exigibles”.

Los cuerpos del expediente durante la primera jornada de alegatos. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL Durante el tramo final de la audiencia, Pruzan abordó específicamente las responsabilidades atribuidas a Héctor Alonso y Hugo Correa.

Respecto de Alonso, remarcó que la evidencia reunida durante el juicio contradijo la imagen de un funcionario meramente administrativo. “Las defensas quisieron mostrar a Alonso como un administrativo, como un simple burócrata, pero quedó claro en el juicio que esto no era así”, aseveró. Según el fiscal, Alonso tenía pleno conocimiento del estado de la nave y omitió impulsar medidas de control que podrían haber reducido el riesgo. “Alonso pudo evitar el hecho si hubiera ordenado la inspección de seguridad”, remarcó.

En cuanto a Correa, la acusación indicó presuntas falencias en la planificación operativa, el asesoramiento brindado a los superiores y la gestión de las comunicaciones. “Correa conocía a la perfección el estado en el que se encontraba el submarino. No veló por un servicio de comunicaciones rápido y seguro”, expresó Pruzan.

Los pedidos Luego de varias horas de exposición, la Fiscalía llegó al momento más esperado de la jornada: el pedido de condenas. El Ministerio Público solicitó cinco años de prisión para Luis Enrique López Mazzeo y cinco años de prisión efectiva para Claudio Villamide.

También requirió cuatro años de prisión para Héctor Aníbal Alonso y tres años de prisión para Hugo Miguel Correa. La última foto de la tripulación del ARA San Juan. “Entendemos que la misma se fundamenta en el cargo y grado de responsabilidad que tenía cada uno.

A mayor jerarquía, mayor es el deber de cuidado”, argumentaron los fiscales al fundamentar las penas. Con el inicio de los alegatos, el juicio ingresó en su tramo decisivo.

Este martes será el turno de las querellas, que expondrán su propia valoración de la prueba reunida durante el debate. Después llegarán los alegatos de las defensas y, finalmente, las últimas palabras de los acusados.