POSADAS.— Diez agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre quienes se encuentran las máximas autoridades de la Unidad N° 51 de Magdalena, fueron desafectados de sus funciones en forma preventiva en el marco de una investigación penal por torturas, tormentos físicos y abusos sexuales perpetrados contra mujeres privadas de su libertad.La drástica resolución fue dispuesta por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, alcanzando de manera directa a la jefa del área de Asistencia y Tratamiento del penal femenino, Daiana Belén Balmaceda, como así también a la plana mayor de la dirección del establecimiento por haber prestado conformidad u omitido denunciar los gravísimos episodios bajo su custodia.La medida administrativa también recayó sobre los efectivos masculinos pertenecientes al Grupo de Intervención ante Emergencias, señalados como los ejecutores materiales del violento procedimiento que motivó la inmediata intervención de los organismos de derechos humanos.De acuerdo con las constancias de la causa judicial, los hechos bajo análisis se habrían desencadenado entre la noche del pasado 3 de junio y la madrugada del día siguiente, en trágica coincidencia temporal con las movilizaciones públicas bajo la consigna Ni Una Menos.Un operativo violento y denuncias de vejaciones agravadasLa pesquisa penal tuvo su origen en una denuncia formal impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de La Plata. Según la presentación del organismo, el personal penitenciario irrumpió de manera hostil en uno de los pabellones de la cárcel de mujeres luego de registrarse un altercado menor entre dos internas.En ese contexto, los agentes habrían rociado gas pimienta en espacios confinados y bloqueado deliberadamente las vías de salida del sector.Los relatos de las víctimas describen un escenario de extrema violencia institucional, donde las detenidas habrían sido obligadas a desnudarse por completo frente a los efectivos masculinos de la fuerza de seguridad.

Ante las muestras de resistencia de las internas frente a las humillaciones, el personal penitenciario habría implementado severas prácticas de tormento físico.El escrito radicado en la justicia platense detalla que a varias de las mujeres se les sumergió la cabeza en piletones con agua con el objetivo de cortarles la respiración a modo de asfixia mecánica, sufriendo asimismo golpizas reiteradas en distintas partes del cuerpo. Los cargos más graves de la presentación judicial indican que al menos dos de las víctimas fueron sometidas a abusos sexuales con acceso carnal dentro del sector destinado a la escuela de la unidad carcelaria.Sospechas de encubrimiento y pericias médicas en cursoMás allá de los ataques directos a la integridad física y sexual de las mujeres, la Comisión Provincial por la Memoria advirtió formalmente a las autoridades judiciales sobre la puesta en marcha de maniobras posteriores destinadas a encubrir el accionar penitenciario.Estas acciones habrían contemplado el traslado intempestivo de tres de las internas denunciantes hacia otras dependencias carcelarias distantes y la destrucción total de sus pertenencias y efectos personales para borrar potenciales registros de lo sucedido.En el plano administrativo e institucional, la auditoría de Asuntos Internos de la cartera de Justicia mantiene abiertos los sumarios correspondientes para dictaminar las cesantías definitivas de los implicados.En paralelo, la causa penal a cargo del fiscal Álvaro Garganta avanza de forma prioritaria con la realización de las pericias médicas y psicológicas de rigor sobre las víctimas, cuyos resultados iniciales ratificarían de manera contundente la extrema gravedad y la veracidad de las lesiones denunciadas en el penal de Magdalena.