En medio de la controversia por embargos y retiros de fondos desde cuentas bancarias, la bancada de independientes del Partido por la Democracia (PPD) ingresó un proyecto de ley que busca zanjar la disparidad de criterios judiciales con los que se ha tramitado el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).En concreto, la iniciativa apunta a terminar con las interpretaciones administrativas y prohibir explícitamente que la Tesorería General de la República (TGR) utilice el mecanismo actual del Código Tributario para cobrar el CAE o cualquier otro crédito donde el Estado actúe únicamente como aval.Es así que si el Estado quiere cobrar el CAE, tendrá que ir a los tribunales civiles comunes y corrientes, bajo un juicio ejecutivo normal que da muchas más garantías de defensa al deudor, según la bancada de parlamentarios. La ofensiva legislativa surge luego de la decisión de la Tesorería General de la República (TGR) de iniciar medidas de cobro a deudores con sueldos superiores a los $3.5 millones mensuales, e incluso con menos ingresos, una medida que desató denuncias públicas y llevó a Cortes de Apelaciones a acoger recursos de protección en favor de afectados a quienes se les vaciaron sus cuentas.En ese sentido, el proyecto establece de igual forma una interpretación al artículo 57 del Código del Trabajo, lo que haría extensible la inembargabilidad de las remuneraciones.

Para tales efectos, el empleador deberá establecer la finalidad remuneratoria en todo depósito o transferencia bancaria efectuada hacia la cuenta bancaria del trabajador.Asimismo, la iniciativa legal propone que “los procedimientos de cobro ejecutivo iniciados por la Tesorería General de la República del CAE, que se encuentren en tramitación a la fecha de publicación de la presente ley, quedarán sin efecto”.El subjefe de la Bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, expresó que “la disparidad de interpretaciones en este tema demuestra que la controversia no puede resolverse por sí misma ni a través de acciones judiciales”. “Esto es muy preocupante porque (...)los deudores en igual situación de morosidad del CAE quedan sometidos a procedimientos distintos según el tribunal o sala que conozca su causa. Es por eso que presentamos este proyecto de ley, para que se establezca una solución legislativa expresa, que fije con claridad el marco normativo aplicable”, agregó Ulloa.

En tanto, el diputado José Montalva precisó que el proyecto busca que se “interprete bien” lo que señala la ley. “Queremos que se paguen estas deudas estudiantiles. No obstante, hoy día se están cobrando las deudas del CAE como si fueran impuestos”, acusó el parlamentario.“Esto lo ha señalado la Corte de Apelaciones de Arica y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y está en veremos cómo va a fallar la Corte Suprema.

También lo puso en duda el Tribunal Constitucional, que lo está viendo por una inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se presentó”, agregó Ulloa. El parlamentario añadió que “lo que nosotros queremos es que todo lo que es impuestos se cobre con la Tesorería General de la República, como está establecido, y lo que es derivado de deudas, se cobre por el sistema normal del cobro de deudas, como se le cobra a cualquier persona”.