SANTA ROSA.— Después de tres jornadas, culminó la audiencia pública para debatir el desarrollo urbanístico que propone el fideicomiso Santa Rosa Rugby Club sobre el acuífero Toay-Santa Rosa-Anguil-Catriló. Cuatro expositores expresaron su rechazo al proyecto, el concejal Diego Camargo pidió que se postergue el avance de la iniciativa y el abogado de la institución “desmitificó” algunos puntos.La primera en tomar la palabra en el salón del tercer piso de la UNLPam fue la geógrafa y representante de la Fundación Chadileuvú, Beatriz Dillon.

La investigadora presentó una “posición avalada por estudios científicos con base social para evitar análisis reduccionistas”. Habló sobre el crecimiento población, el rol del Estado, el valor del suelo urbano, el negocio inmobiliario y los servicios públicos.Dillon afirmó que Santa Rosa “es una ciudad muy estudiada”, que ha crecido “de manera constante”, aunque “desde 2001 hasta la actualidad hay una ralentización del crecimiento”.

Analizó que “la expansión urbana ha sido condicionada por el mercado inmobiliario, por el valor del suelo urbano”. En ese marco, explicó que “el 25,7 % de la población de Santa Rosa vive en una vivienda social” y que esa política estatal continuará siendo demandada.También advirtió que la ciudad “se divide en islas desconectadas” por barreras físicas y simbólicas que impiden la cohesión. “¿Esta es la ciudad que queremos?”, se preguntó y pidió “un verdadero estudio de ordenamiento de crecimiento” porque la capital “es dispersa y costosa para los ciudadanos”.Respecto al loteo en cuestión, se refirió a exposiciones anteriores: “Dicen que quieren dar vida a una zona de la ciudad que fue postergada al crecimiento.

El romanticismo urbanístico alejado de la realidad social es típico de la década del 90”. Consideró que el proyecto está destinado “a un sector pequeño de la población.

Si bien el grupo dice que no es un barrio privado, proponen un barrio con barreras simbólicas. Este urbanismo no resuelve la expansión, la accesibilidad, ni los problemas de un cuarto de la población, ni los costos del municipio”.Por otro lado, advirtió que provoca “alteraciones en el ambiente.

La importancia estratégica del agua es una lucha que esta fundación y el Gobierno mantiene desde hace muchos años. Lejos podríamos estar de apoyar esta urbanización”.

Opinó que “no es prioritaria porque no resuelve ningún problema, sino que agudiza la mercantilización del suelo”.“Fiscalmente irresponsable”.Por su parte, la geógrafa Leticia García y la arquitecta Antonella Mostacero plantearon que “es difícil pensar que habrá riesgo nulo”. Mencionaron los problemas de abastecimiento de agua que tiene la ciudad y sostuvieron que “es urgente atender la sobreexplotacion del acuífero”.El proyecto propone una toma directa del ramal del acueducto que se alimenta del acuífero y, sobre ello, advirtieron que “sería una fuerte inequidad garantizar agua a un loteo nuevo cuando el resto de la ciudad no lo tiene.

Es una injusticia social”.“No estamos en contra de proyectos desarrolladores, pero ¿hay una necesidad del proyecto de Santa Rosa Rugby Club? ¿Qué ganaría la ciudad con esta ampliación del ejido?”, se preguntaron y destacaron que “este proyecto no contempla la sesión al banco de tierras”.

Para completar su exposición, las investigadoras de la UNLPam remarcaron cuatro puntos: “planificar no es prohibir; el agua no se negocia; la aprobación de este loteo transfiere mayores costos operativos al municipio, esto es fiscalmente irresponsable; y el proyecto colabora con una mayor fraccionamiento socio-espacial”.Postergar debate.Por su parte, el concejal radical Diego Camargo remarcó que la aprobación o no del proyecto “es una decisión política” pero insistió en que debe ser “una decisión informada acorde a la sensibilidad e impacto que puede causar a la comunidad”. Planteó que si se necesita más información sobre el acuífero (como el cumplimiento de la resolución 125/2025 de la Secretaría de Recursos Hídricos que prevé un estudio hidrogeológico en la zona), “no queda otra alternativa que aplicar el principio precautorio.

No se puede avanzar ciegamente, se debe frenar, estudiar y analizar”. En ese marco, aseveró que “debería postergarse el avance del proyecto”.El ingeniero agrónomo y representante de la CTA, Gustavo Rodríguez, llevó el rechazo de la central y remarcó que “este loteo y otros emprendimientos presentados podrían general mayor riesgo ambiental y contaminación por cambios en el uso del suelo”.

El médico Roberto Travaíni también se opuso y se preguntó si el acuífero sería una zona de “sacrificio”. “Si los concejales actúan con pericia, diligencia y prudencia serán recordados por cumplir con su deber”, remarcó.Desmitificación.El abogado del fideicomiso, Diego Núñez, cerró la audiencia pública con la “desmitificación de algunas ideas”. Aclaró que “la urbanización no está prohibida en esta área” y que el proyecto “se ajusta a la normativa vigente”.

Hizo hincapié en que la discusión actual es sobre el cambio de “ampliación de urbanización futura” a “ampliación de urbanización prioritaria”, no la aprobación del loteo. Mencionó que no presentaron el informe que prevé la resolución 120/25 porque “no sabemos si se puede hacer un loteo”.Asimismo, sostuvieron que intentaron demostrar que “este desarrollo no va a causar un problema en el suministro del agua.

Los informes indican que la contaminación es casi nula y que las perforaciones requieren autorización de Recursos Hídricos”. Se quejó porque “no viene bien que hagamos perforaciones ni que nos conectemos a la red troncal”, pero “el agua no se puede negar, es de uso común”.

Aclaró que los costos de las obras de infraestructura “no lo van a asumir los ciudadanos de Santa Rosa, los asumirá el fideicomiso”. Sobre la sesión de tierras al Estado, remarcó que “el 39 % es cedido al club de rugby, el cual es sin fines de lucro”.

Por último, lamentó que “ninguno de los expositores brindó soluciones, solo se escucharon previsiones o que no se haga nada”.“La recarga es bajísima”.En diálogo con Radio Noticias, el geólogo Gustavo Fábregas explicó el estudio que llevó a cabo con Matías Hirsch para el fideicomiso. Como aclaró en su exposición del día miércoles, no es un estudio de impacto ambiental, sino un análisis de riesgo hídrico y geológico.

Es por ello que, para desechos cloacales, propusieron biodigestores individuales y no una planta de tratamiento compacta porque, de esa manera, “la gramínea absorbe el afluente de cada vecino” y por ello se prevé que 250 metros cuadrados del lote estén libres, sin construcción. Remarcó que “si el biodigestor se tapa es porque el vecino no lo cuidó”.Insistió también en que sobre esa zona, la recarga del acuífero “es bajísima, menos del 1 % según estiman los especialistas” y aclaró que “no es una opinión subjetiva”, sino que realizaron múltiples perforaciones para comprobarlo.

La “columna vertebral” del acuífero se encuentra en el cordón medanoso, en la zona de Villa Martita, el frigorífico, La Campiña, el club de golf y de Mac Allister. El geólogo afirmó que quienes habitan estos lugares “sobreexplotan” el acuífero.

En cambio, el proyecto en discusión está ubicado “sobre el borde de la meseta, en el borde calcáreo”.“El vecino obligatoriamente va a tener que ser ambientalmente responsable”, destacó Fábregas y planteó que el loteo “es una oportunidad interesante para hacer una experiencia piloto con estándares ambientales más altos que los existentes”.