El Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba solicitó públicamente al Ejecutivo información detallada sobre los aspectos técnicos, jurídicos y administrativos relacionados con el traslado de 29 personas privadas de libertad a las instalaciones del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) ubicadas en isla Coiba, en la provincia de Veraguas. La petición del organismo rector de esta reserva ecológica en el océano Pacífico surge en medio del interés por conocer el alcance y las implicaciones de cualquier medida que involucre actividades dentro de esta área protegida.

A través de un comunicado, el organismo recordó que el Parque Nacional Coiba posee una relevancia ambiental estratégica para Panamá y la región. Asimismo de ser un Sitio de Patrimonio Mundial reconocido por la Unesco, forma parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, una de las iniciativas de conservación marina más importantes de América Latina.

El Consejo Directivo de Coiba destacó que la protección del parque trasciende el ámbito ambiental, debido a que sus recursos sostienen actividades como la pesca artesanal, el turismo sostenible y la investigación científica, generando beneficios para las comunidades costeras vinculadas al área protegida. Por ello, subrayó la necesidad de evaluar cualquier acción que pudiera tener repercusiones sobre los ecosistemas y los valores naturales de la zona.

Si bien reconoció las facultades de las autoridades competentes para adoptar decisiones relacionadas con la seguridad nacional, el organismo enfatizó que toda medida con potencial impacto sobre el Parque Nacional Coiba debe ajustarse a la normativa vigente y ser sometida a los mecanismos de consulta y gobernanza establecidos por la legislación panameña. En ese sentido, anunció que realizará las coordinaciones necesarias con las entidades de seguridad del Estado para obtener la información requerida y verificar que cualquier actuación dentro del parque cumpla con las disposiciones legales y los compromisos nacionales e internacionales asumidos por Panamá.

Asimismo, reiteró su compromiso con la conservación del patrimonio natural, la gobernanza participativa y la protección de los valores ecosistémicos y paisajísticos que distinguen a Coiba como una de las áreas protegidas más importantes del país. El Consejo Directivo de Coiba, considerado la máxima instancia de gobernanza del Parque Nacional Coiba y del Fondo Coiba, está integrado por 12 miembros con derecho a voz y voto y es presidido por el Ministerio de Ambiente.

Entre sus integrantes se encuentran representantes de la Autoridad de Turismo de Panamá, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, alcaldes de distritos de Veraguas, la Universidad de Panamá, la Cámara de Comercio de Veraguas y organizaciones ambientalistas. Asimismo, participan con derecho a voz, pero sin voto, delegados de organismos internacionales, instituciones científicas, organizaciones no gubernamentales y la Gobernación de Chiriquí.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino rechazó las críticas surgidas por el traslado de personas privadas de libertad a Isla Coiba y defendió la medida como una decisión vinculada exclusivamente a la seguridad nacional. El mandatario remarcó que el debate no debe centrarse en el uso de una reserva natural, sino en la necesidad de proteger a la población panameña.

Asimismo, recordó que la base del Servicio Nacional Aeronaval utilizada para este propósito fue construida durante su gestión como ministro de Seguridad Pública, en 2011, y afirmó que se encuentra fuera de los límites del Parque Nacional Coiba. No obstante, de acuerdo con información cartográfica y documentación oficial disponible sobre los límites del área protegida, la instalación se encuentra dentro del perímetro del Parque Nacional Coiba.

Mulino también desmintió que los detenidos tengan libertad de movimiento dentro de la isla y enfatizó que las instalaciones serán empleadas para reforzar la seguridad nacional y garantizar la protección de miles de ciudadanos.