La ley que rebaja las ratios en colegios e institutos ha superado este jueves su primer examen en el Congreso de los Diputados, después de que el Pleno haya tumbado las dos enmiendas a la totalidad que habían registrado Junts y PNV para devolver el anteproyecto al Gobierno. La norma encarrila, así, su fase de tramitación parlamentaria, en parte gracias a los votos en contra de Vox y del Partido Popular que, no obstante, ha denunciado que la ley no vaya anclada a un compromiso presupuestario para que las comunidades autónomas puedan aplicar los cambios que propone la reforma del Gobierno.

Este ha sido, de hecho, un argumento que se ha repetido por parte de otros grupos parlamentarios, que también han echado en falta que no se haya previsto una inversión específica para el despliegue de las medidas. La norma reduce el máximo de alumnos por clase en Primaria (de los 25 actuales a 22) y en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional (de los 30 por aula a 25 como mucho).

Y, en los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) computará como dos plazas. La iniciativa del Ministerio de Educación fija también el máximo de horas que deberán cumplir los docentes no universitarios: no podrán superar 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial, cifra que se reduce a 18 horas en Secundaria.

El objetivo es uniformar los mínimos en todo el país para reducir las desigualdades entre comunidades autónomas y mejorar la atención al alumnado y las condiciones de los docentes. Todos estos son "objetivos compartidos" por el PP, que defiende una mejora de las condiciones laborales de los docentes y de la calidad educativa en España.

Pese a que, al principio de su intervención, la diputada Cristina Teniente ha asegurado que ningún reto educativo puede abordarse en una legislatura "ya acabada" y con un "clima políticamente irrespirable" y sin presupuestos, "devolver esta ley sería una irresponsabilidad".El objetivo de los de Génova, así, es modificar la norma durante su tramitación parlamentaria, "vía enmiendas", para "reforzar la participación autonómica", garantizar la "seguridad jurídica", reforzar la "atención a la diversidad y, "sobre todo", mejorar la financiación, que para los populares es "el principal problema de este proyecto de ley". "La reducción de ratios y horas lectivas solo será eficaz si va acompañada de recursos suficientes y financiación adecuada", ha zanjado.

Los grupos denuncian falta de financiación: "Nosotros pagamos la cena"Para defender la enmienda a la totalidad del PNV ha comparecido el diputado Joseba Agirretxea, que ha explicado que su grupo no rechaza el fondo de la norma, sino "la manera de hacerla". Los vascos consideran que la ley invade competencias autonómicas y reprochan al Gobierno que no haya siquiera buscado "vías" para hacer que "una de las fuerzas que ha sostenido al Ejecutivo” retire su veto a la ley.

"Ni siquiera han intentado persuadirnos", ha subrayado el portavoz. Asimismo, el partido nacionalista ha afeado al Ministerio de Educación que no haya concretado el impacto económico de una reforma para la que se necesitarán recursos.

"Cuestionamos que se impongan nuevas obligaciones sin acordar antes cómo se van a financiar", ha aseverado Agirretxea, antes de insistir en que el proyecto incorpora “nuevas obligaciones organizativas y nuevos compromisos de gasto que deberán ser asumidos por las comunidades autónomas". "El Gobierno justifica la viabilidad de parte de medidas en la reducción progresiva del alumnado derivado de la baja natalidad.

No obstante, sería deseable que la norma viniera acompañada de una financiación adecuada por parte del Estado para cubrir incrementos de costes de personal y garantizar una aplicación efectiva en todos los territorios", ha defendido.Los mismos argumentos ha expuesto Junts para justificar su enmienda. Luego de denunciar la "invasión competencial" de la ley y asegurar que no rechazan los "objetivos de fondo" que persigue el texto, el diputado Maria Josep Cervera ha denunciado que, "a pesar de la lluvia de millones recitada a títulos y propaganda por la ministra" -que durante su intervención ha hablado de una inversión histórica en Educación desde 2018-, la ley "traslada costes" a las autonomías.

"Impone obligaciones que tienen coste económico", ha aseverado el portavoz independentista, que ha reprochado también que el Gobierno no haya contado con las comunidades autónomas para elaborar esta reforma. "No es admisible que los que deben ejecutarlas y financiarlas no participen realmente en su decisión".En ERC, también han señalado una falta de inversión que acompañe la ley.

"Nosotros pagamos la cena", ha subrayado la diputada Etna Estrems, que, como Junts, cree que la reforma invade las competencias catalanas y que se ha impulsado sin ningún tipo de diálogo. "Una cosa es compartir un objetivo y otra aceptar que las decisiones se tomen cada vez más lejos de los centros que lo tienen que aplicar", ha asegurado.

Con todo, su grupo se ha mostrado partidario de tumbar el veto y permitir que la ley tenga recorrido parlamentario para negociar ahí las mejoras.En esa línea, Vox ha asegurado que, aunque no apoyan la ley, están dispuestos a "que se tramite" y "enmendarla" luego en el trabajo de la Comisión del ramo en la Cámara Baja. El diputado Joaquín Robles ha cargado duramente contra Junts y PNV, a quienes ha señalado por alegar invasión de competencias para impedir la aprobación de la reforma, cuando en otras ocasiones han votado a favor de "decretos y leyes" que también invaden competencias.