De nada ha servido a la Mesa del Congreso de los Diputados vetar las enmiendas de PP y Junts para impedir que se votara instar al Gobierno a disolver las Cortes y convocar elecciones. La Cámara Baja ha expresado, a través de una moción consecuencia de interpelación urgente al Ejecutivo de los populares sobre "la valoración que hace de la situación de extrema debilidad del Gobierno", su rechazo a una legislatura que dan por "muerta" y reclaman al Gobierno asumir responsabilidades por los casos de corrupción.

El texto del PP ha salido adelante con el apoyo de Vox, Junts y UPN; y el PNV se ha abstenido. Es cierto que la moción no contiene explícitamente la petición de elecciones porque la mayoría de PSOE y Sumar en la mesa lo impidió; pero supone de facto evidenciar que Pedro Sánchez ya no cuenta con los apoyos necesarios que le auparon a La Moncloa.

Y, asimismo, la resolución del órgano del Congreso ha provocado que los populares y los posconvergentes hayan hecho un crítica aún más férrea. En la jornada en la que se ha votado la iniciativa, la portavoz popular en el Congreso ha insistido en que igualmente lo que se ha expresado desde el hemiciclo es "que haya una convocatoria electoral".Desde Bruselas, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que no recuerda "una decisión tan discriminatoria, injusta, discrecional y tan ilegal como es no dejar votar una enmienda".

"Un demócrata no puede aceptar que un diputado no pueda votar una enmienda presentada por el grupo mayoritario de la cámara, incluso por otro grupo adicional", ha insistido. Por eso, y para que España no sea "la república bananera en la que la pretende convertir el sanchismo", el PP ha pedido amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar que se ha cercenado el derecho de sus diputados a poder expresar su voto.

Otros diputados del PP también se han referido al asunto en las intervenciones de diferentes iniciativas en el Pleno de este jueves. La portavoz adjunta popular en la cámara, Miriam Guardiola, ha denunciado lo que considera "el último escándalo democrático" protagonizado por la Mesa, calificándolo como "una mordaza al Parlamento y a los españoles".

Y tanto el portavoz, Borja Sémper, como el secretario general, Miguel Tellado, lo han censurado en sendas entrevistas televisivas. El primero de ellos ha anunciado que el PP "exprimirá todas las vías" que les permita el ordenamiento jurídico contra el "atropello evidente" de la Mesa de Armengol.

Tellado ha insistido en la idea del "secuestro" de la democracia y ha calificado a la presidenta del órgano como "la ministra 23 del Gobierno". Un par de días antes, en el debate de la moción, el diputado de Junts Josep Maria Cruset se alineó con la postura de los populares y aseveró que "quien tiene miedo prohíbe" y el haber prohibido la votación de su enmienda y la del PP "es la evidencia más grande de la debilidad extrema de este Gobierno y esto no lo puede esconder nadie".

No se incluye su modificación pero concluyó su intervención reclamando la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. No obstante, el PP ha continuado su ofensiva y llevará al Senado para debatir la próxima semana la misma moción que ha aprobado este jueves el Congreso, pero con la modificación que presentó Junts y que la Mesa tumbó.

Génova buscará así el primer rechazo explícito de uno de los socios al Ejecutivo de Sánchez. De esta manera, instarán "al presidente del Gobierno a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa".

Queda por ver lo que hará el PNV, que fijó un fracaso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 como el límite para pasar a reclamar la cita con las urnas de forma explícita y pasar de las palabras a los hechos.