El exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato y enriquecimiento ilícito de servidor público. Según la Fiscalía, habría firmado órdenes irregulares para entregarle un millonario contrato a Thomas Greg and Sons, al tiempo que engrosaba su patrimonio personal.José Antonio Salazar Ramírez fue el secretario general de la Cancillería cuando al frente de ese ministerio estaba Álvaro Leyva, hoy acusado por hechos relacionados con el caso.José Antonio Salazar Ramírez, exsecretario general de la Cancillería de Colombia, acaba de entrar a la lista de exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro imputados por presunta participación en escándalos de corrupción.

La Fiscalía le imputó los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público..¿La razón? Al parecer, habría emitido tres resoluciones para direccionar de forma irregular un millonario contrato a la empresa Thomas Greg & Sons para la producción de pasaportes colombianos, al tiempo que habría engrosado sus bolsillos con la compra de lotes en el departamento del Meta.

Por el mismo caso ya fue llamado a juicio su exjefe, el excanciller Álvaro Leyva Durán.Lea también: Procuraduría investiga a siete embajadores por posible participación en políticaEl origen de la imputación en contra del exsecretario Salazar Ramírez es el mismo que hoy tiene al exministro Leyva Durán en el banquillo de los acusados. Según la investigación de la Fiscalía, en septiembre de 2023 el entonces canciller emitió tres actos administrativos con los que habría desviado la entrega de un contrato por COP 559.000 millones.Ese contrato buscaba asegurar la producción y distribución de pasaportes colombianos y un comité evaluador ya había recomendado asignarlo a Thomas Greg & Sons.

Con la primera resolución, el 13 de septiembre de ese año, declaró desierta la licitación pública y frenó la entrega del contrato. La empresa interpuso un recurso de reposición que fue negado desde el despacho de Leyva Durán al día siguiente.Le puede interesar: Mueren cinco presuntos disidentes señalados por el ataque terrorista en Cajibío (Cauca)Ese mismo 14 de septiembre, según la Fiscalía, Leyva Durán firmó una declaratoria de urgencia manifiesta que le daba a la Cancillería la facultad para entregar de forma directa el contrato para la producción y distribución de pasaportes colombianos, dejando por fuera a Thomas Greg & Sons.

Cinco meses después, según lo hallado por el ente investigador, el exsecretario Salazar Ramírez habría emitido tres nuevas resoluciones con las que habría dejado sin efecto las decisiones de su jefe para, al parecer, asignarle el contrato de los pasaportes a Thomas. “Con estas actuaciones habría excedido sus competencias, en el entendido de que solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional”, indicó el ente investigador.Más contenido: Remiten a 29 exmilitares al Tribunal para la Paz de la JEP por falsos positivos en HuilaOtro punto que llamó la atención de los funcionarios del búnker y que quedó incluido en la imputación es que, entre el 18 de agosto de 2022 y el 26 de febrero de 2024, tiempo en el cual Salazar Ramírez fue el secretario general de la Cancillería, tuvo “un incremento de su patrimonio relevante”. Según la Fiscalía, en octubre de 2023 habría comprado tres predios rurales avaluados en COP 950 millones en Puerto López (Meta), “sin justificación financiera”.

Asimismo, sin que existieran “transferencias o créditos ni soportes bancarios o patrimoniales que soporten la compra de los inmuebles”, según la imputación. El exfuncionario no aceptó los cargos y ahora la Fiscalía tendrá que avanzar en la acusación en su contra.Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.