SAN JUAN.— La disputa institucional que se abrió luego de las críticas de un grupo de fiscales al accionar del juez de Garantías Diego Sanz sumó un nuevo capítulo. Luego del comunicado difundido por el Consejo Federal de Instituciones de Abogados y Procuradores (CONFIAS), ahora fue el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan el que emitió un pronunciamiento en defensa del magistrado y del rol que cumplen los jueces dentro del sistema acusatorio.

A través de un comunicado institucional firmado por la conducción que encabeza Pablo Farina, la entidad remarcó que las decisiones adoptadas por los jueces de Garantías deben analizarse dentro del marco procesal previsto por la ley y advirtió sobre la necesidad de evitar cuestionamientos públicos que puedan afectar la investidura judicial. El documento aparece en medio del cortocircuito generado a raíz de una audiencia en la que Sanz dispuso la citación de una víctima antes de resolver un planteo vinculado a una salida alternativa del proceso.

Sin mencionar de manera expresa ese episodio, el Colegio recordó que en el sistema penal acusatorio \"todos los planteos formulados por las partes intervinientes deben ser analizados, debatidos, fundados y finalmente resueltos por el juez competente dentro de las audiencias orales\", de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1851-O. La entidad remarcó asimismo que corresponde al juez, en su carácter de director del proceso, garantizar los derechos de todos los sujetos procesales, incluyendo a las víctimas.

En ese sentido, defendió la facultad de los jueces de convocar a las personas afectadas por un delito cuando se debatan decisiones que puedan derivar en la finalización del proceso penal. \"Los jueces de garantías actúan en el marco de la legalidad al aplicar las normas del proceso penal citando a la persona afectada por un delito, con la finalidad de resguardar el derecho que le asiste a ser escuchada\", señalaron desde la institución, al tiempo que rechazaron que esa intervención pueda interpretarse como una revictimización. Uno de los pasajes más significativos del comunicado apunta directamente al clima de confrontación que se instaló luego de el pronunciamiento de los fiscales.

Allí, el Colegio remarcó que \"el respeto institucional y republicano exige que las diferencias jurídicas sean debatidas y resueltas en las instancias correspondientes\", y llamó a evitar expresiones \"agraviantes o indecorosas hacia la magistratura\", así como manifestaciones realizadas fuera del ámbito procesal que puedan descontextualizar lo ocurrido en las audiencias. La entidad también recordó que forma parte de sus obligaciones estatutarias defender \"los principios básicos y fundamentales de la investidura\" de los magistrados, independientemente de que estos integren o no la organización.