Los legisladores europeos aprobaron hoy unas normas migratorias más estrictas, que otorgarán a las autoridades poderes de de detención mucho más amplios y permitirán la creación de centros de deportación fuera del bloque, entre otros. La ley necesita ahora, para entrar en vigor, el visto bueno formal de los Estados miembros, que ya la respaldaron provisionalmente.

El voto tuvo lugar en un contexto de endurecimiento de la política migratoria de los gobiernos europeos ante los cambios al respecto en la opinión pública, que han impulsado los avances electorales de la extrema derecha en todo el continente. La votación en la cámara de Estrasburgo, con un resultado de 418 a favor y 218 en contra, era uno de los últimos obstáculos para una reforma que avanza sin dificultades a través del largo proceso legislativo de la UE.

La medida fue recibida con vítores por parlamentarios de derecha y extrema derecha, y con gritos de “vergüenza” por parte de la izquierda de la asamblea, lo que refleja las profundas divisiones en torno a un texto duramente criticado por organizaciones de derechos humanos. “Este reglamento deja claro que somos nosotros, y no los traficantes, quienes decidimos quién puede quedarse en la Unión Europea y quién debe marcharse”, declaró Magnus Brunner, comisario europeo de Migración. El texto permite, en particular, que los países abran “centros de retorno” fuera de las fronteras de la UE, a los que podría enviarse a los migrantes sin derecho a permanecer en el bloque.

Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania, Países Bajos y otros ya exploran posibilidades para establecer estos centros. “Nuestro objetivo es concluir los primeros acuerdos para la creación de estas estructuras en 2026, de modo que puedan estar operativas en 2027”, aseveró el domingo el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Asimismo de los centros de retorno, las nuevas medidas establecen la estricta obligación para los migrantes sujetos a expulsión de abandonar el territorio y cooperar con las autoridades para ello.

Quienes no lo hagan, o quienes representen un riesgo para la seguridad o se considere que podrían darse a la fuga, podrán ser detenidos hasta dos años. Estas disposiciones provocaron la indignación de organizaciones de derechos humanos y de políticos de izquierda.

Maria Nyman, de la organización humanitaria católica Caritas, advirtió que la medida corre el riesgo de “estigmatizar y criminalizar a los migrantes, alimentando la polarización en un momento en que nuestras sociedades necesitan urgentemente mayor cohesión”. Con las nuevas normas, las autoridades podrán registrar a nacionales de terceros países, sus viviendas u otros “lugares pertinentes”, y confiscar pertenencias personales para garantizar la expulsión de migrantes en situación irregular.

Alessandro Zan, del grupo socialdemócrata S&D, calificó la reforma como “un capítulo oscuro para Europa”. “Abre la puerta a deportaciones forzosas, controles cada vez más invasivos al estilo del ICE de la era Trump, y a la normalización de la detención incluso de personas que no han cometido ningún delito”, aseveró, en referencia a las prácticas coercitivas de la agencia estadounidense de Inmigración y Aduanas bajo la presidencia de Donald Trump. Los defensores sostienen que los centros de retorno —que funcionarían como destino final o como centros de tránsito para expulsados— podrían facilitar las repatriaciones y actuar como elemento disuasorio para potenciales migrantes irregulares.

Pero sus críticos cuestionan su eficacia, señalando los obstáculos que han enfrentado proyectos similares, y los comparan con “agujeros negros legales” que podrían dejar a los migrantes atrapados en un limbo con escasa supervisión.