Los reveses judiciales se están convirtiendo en un motivo de preocupación para la sostenibilidad de las cuentas públicas. Las sentencias contrarias a los intereses del Estado le han costado a la administración 14.400 millones de euros en los últimos dos años.

De los cuales, 11.269 millones se atribuyen a 2024 y otros 3.163 millones, a 2025. Así lo refleja un informe de la Airef publicado este miércoles en el que la autoridad fiscal independiente realiza una evaluación sobre diferentes riesgos fiscales.

Para tener una idea de la dimensión de los litigios desfavorables, los 11.269 millones de impacto negativo en 2024 suponen siete décimas de PIB. Una cantidad equivalente a uno de cada cuatro euros del déficit público registrado ese ejercicio.

Mientras que los 3.163 millones correspondientes al año pasado equivalen a dos décimas del PIB (cuantía similar a un 9% del déficit). El impacto económico de los reveses judiciales es difícil de prever porque los costes sufren grandes oscilaciones cada año.

No obstante, se han consolidado como un gasto relevante que va minando las finanzas públicas. La Airef estima que entre 2014 y 2025 las sentencias han supuesto un coste de 19.407 millones, una cuantía equivalente a 1.617 millones de euros por año.

Las sentencias que más impacto han tenido en los últimos dos años han sido la devolución del IRPF a los pensionistas que hicieron contribuciones a mutualidades laborales. Solo esta decisión supuso 5.936 millones de euros de impacto económico en 2024.

Otra decisión muy relevante fue la sentencia del Constitucional que anuló la reforma del impuesto de sociedades en el año 2016, que ha tenido un impacto de 3.048 millones de euros en 2024 y otros 1.057 millones el año pasado.A ellas se suman la sentencia que obligo a extender el complemento de maternidad en las pensiones a los hombres, que supuso un impacto de 1.108 millones en 2024y 529 millones en 2025. Y otros reveses judiciales como la sentencia sobre la renta de no residentes en instituciones de inversión colectiva (244 millones); el impuesto de actividades económicas de operadores de telefonía móvil (485 millones), la financiación del bono social eléctrico (448 millones) o el fondo de comercio de empresas extranjeras (1.250 millones).Asimismo, la Airef advierte de que hay varias sentencias cuyos efectos se van a materializar en los próximos años con impactos económicos importantes.

La más destacada, que supone uno de los mayores riesgos fiscales que sobrevuelan al país, según señalan fuentes del organismo, es la anulación del tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos. El Supremo ordenó recientemente la devolución de los pagos por este tributo, que estuvo vigente entre los años 2013 y 2018.

La incertidumbre sobre el impacto económico de esta decisión es notable, pero podría rondar los 6.500 millones de euros. Esta es la cifra que el Gobierno ha provisionado en la Cuenta General del Estado para hacer frente a estas devoluciones, aunque el resultado final no tiene por qué alcanzar esa cuantía.Asimismo, hay otros procesos judiciales en curso que también podrían acarrear más costes a Estado.

Entre ellos, la Airef recoge los arbitrajes internacionales en materia de energías renovables, los procesos que afectan a concesionarias de autopistas de peaje, las ventas de participaciones con pérdidas, las tasas de gestión de residuos radiactivos y de reserva del dominio radioeléctrico o la responsabilidad en los avales ICO-Covid.