Ante las declaraciones públicas emitidas por el Contralor General de la República, relacionadas con el proyecto denominado Mercado Periférico de Chilibre, considero necesario dirigirme al país para precisar varios aspectos fundamentales. El Mercado Periférico de Chilibre no fue una decisión personal ni una actuación discrecional del alcalde de la Ciudad de Panamá.

Se trató de una obra pública incorporada a la planificación municipal para atender necesidades reales de los residentes de Panamá Norte, impulsar la actividad económica de la región y permitir a miles de familias panameñas acceder, de manera directa, a productos de la canasta básica familiar, del productor al consumidor, en mejores condiciones de abastecimiento y precio. La contratación y ejecución del proyecto se desarrollaron mediante los mecanismos institucionales previstos por la ley.

El proyecto fue aprobado por las instancias correspondientes, sometido a licitación pública, publicado en PanamáCompra, evaluado por las autoridades competentes y sujeto a los controles administrativos, financieros y legales que rigen la contratación pública y su ejecución en nuestro país. Durante nuestra administración, las actuaciones relacionadas con este proyecto se tramitaron por los canales administrativos establecidos por la ley y dentro del marco institucional aplicable.

Toda la documentación relacionada con esta obra reposa en expedientes oficiales. Allí constan los actos administrativos, los informes técnicos, los avances de ejecución, los pagos autorizados, las fianzas exigidas, los refrendos correspondientes y las actuaciones realizadas durante su desarrollo.

Por esa razón, considero legítimo y necesario que cualquier duda sea objeto de una auditoría formal, objetiva, completa y técnicamente sustentada. La transparencia no debe temerse; por el contrario, debe ejercerse con rigor, responsabilidad y apego a los hechos.

No obstante, resulta preocupante que puedan formularse conclusiones o insinuaciones públicas sobre presuntas irregularidades antes de que exista una investigación concluida, documentada y debidamente sustentada. La fiscalización constituye una función esencial del Estado y merece todo nuestro respeto.

Pero esa función debe ejercerse observando principios igualmente importantes, objetividad, debido proceso, respeto a la honra y responsabilidad en el manejo de la información pública. Por ello, reitero mi total disposición para colaborar con cualquier auditoría o investigación que se estime pertinente.

Que se revise cada documento, cada contrato, cada pago, cada refrendo y cada actuación administrativa. Lo que corresponde es que los hechos hablen a través de los expedientes, no a través de especulaciones.

Tengo la tranquilidad de haber ejercido el cargo de alcalde dentro del marco institucional que establece la ley, y confío en que cualquier evaluación seria, técnica y objetiva permitirá conocer la realidad completa del proyecto Mercado Periférico de Chilibre. La transparencia exige investigación.

La justicia exige pruebas. Y la democracia exige responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

En la Ciudad de Panamá, a los quince (15) del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026). “Las afirmaciones, opiniones, recomendaciones y todo lo expresado en este comunicado son responsabilidad única de su autor y quienes sufragan su publicación”.