Un documento oficial revela posibles inconsistencias en los procedimientos utilizados para avanzar con la venta de activos estatales estratégicos. La controversia alcanza a empresas como Nucleoeléctrica, AySA, Intercargo, Belgrano Cargas y las represas del Comahue, mientras crecen los cuestionamientos sobre la intervención del organismo encargado de valuar los bienes públicos.