Este martes, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Tránsito, para resguardar la información registral de los vehículos de las fuerzas de orden y seguridad pública usados en labores investigativas y de inteligencia.La moción fue respaldada por 39 senadores, no registrando votos en contra ni abstenciones, continuando su tramitación en la Cámara de Diputados.De acuerdo al planteamiento del proyecto, con esto se busca resguardar la vinculación de los vehículos con las respectivas instituciones de orden, permitiendo la utilización de identidades, antecedentes registrales e historiales ficticios para estos vehículos, evitando que puedan ser identificados mediante consultas públicas al Registro Nacional de Vehículos Motorizados. La presidenta de la Comisión de Transportes del Senado, Camila Flores (RN), presentó el proyecto a la sala, relevando que la iniciativa responde a una vulnerabilidad que hoy usa el crimen organizado para identificar vehículos utilizados en operaciones policiales.Flores explicó que uno de los aspectos centrales del proyecto es garantizar “la seguridad e integridad del personal policial y el éxito de las operaciones encubiertas”, frente al creciente uso de herramientas tecnológicas por parte del crimen organizado para identificar vehículos utilizados por unidades especializadas como el OS-7, el OS-9 y otras brigadas investigativas.La iniciativa incorpora una indicación presentada por el Ejecutivo que regula específicamente los vehículos destinados para agentes encubiertos, agentes reveladores y aquellos utilizados en actividades de inteligencia y contrainteligencia.

Asimismo, establece que el Registro Civil e Identificación deberá mantener estos registros mediante identidades y antecedentes ficticios especialmente resguardados, fijando un plazo de un año para dictar el reglamento que permitirá implementar el nuevo sistema.Uno de los autores del proyecto, el senador Iván Flores (DC), destacó que “es una buena noticia en materia de seguridad”, ya que el proyecto lo ingresó el año 2024, en medio de la tramitación legislativa expedita en materia de seguridad de la administración anterior.El legislador falangista añadió que “se aprobó por unanimidad en primer trámite constitucional, un proyecto de ley que es de nuestra autoría junto con otros colegas, que protege las acciones de investigación reservadas o secretas, que tienen que ver con inteligencia en persecución del crimen organizado”.“El Senado en su conjunto, en su totalidad, ha acuerpado un proyecto que lo que hace es proteger las operaciones encubiertas, de inteligencia; como también proteger la vida de los funcionarios policiales como de la PDI (...) y también de proteger el propio resultado”, destacó Flores.Durante su discusión, el senador Cristián Vial (independiente) celebró a quienes presentaron este proyecto. “No solamente protege la vida de las personas que están en estas operaciones, pero también protege la operatividad, los resultados de las operaciones que realizan las policías (...)”, destacó Vial.“Creo que este proyecto demuestra una madurez de este Senado en cuanto a la aproximación que tenemos de distintos sectores políticos a lo que estamos enfrentando, la inseguridad. Creo que hace pocos años no habríamos encontrado consenso en algo de sentido común como esto”, agregó el representante de la Región del Maule, quien calificó de “señal potente” para con el personal policial.Desde el Partido Socialista, el senador Fidel Espinoza planteó que “desde el momento que tenemos un crimen organizado que ha demostrado capacidad para infiltrarse (...) desde mi punto de vista el Estado tiene la obligación de proteger eficazmente a sus policías ante operativos que se están realizando”.Espinoza explicó que “cuando los delincuentes ven un vehículo y detectan a quién pertenece, esa investigación está absolutamente deteriorada, por lo tanto, la publicidad irrestricta de los datos registrales de los vehículos, se termina transforman en una herramienta al servicio de las organizaciones criminales”.Según Espinoza, las agrupaciones criminales con esta información pueden realizar seguimiento, emboscadas o incluso individualizar a los funcionarios policiales y sus familias para posteriormente intimidarlos.