El presidente Gustavo Petro expresó que liquidará Air-e. Desde el Caribe, gremios, expertos y analistas sostienen que antes de dar ese paso el Gobierno debe responder dos preguntas claves: quién les prestará el servicio a 1,3 millones de usuarios y cómo se pagarán las deudas.

Air-e fue intervenida el 12 de septiembre de 2024. Eder Leandro RodríoguezEl Caribe está en alerta desde que el presidente Gustavo Petro, por medio de X, anunció que liquidará Air-e, que presta el servicio de energía en La Guajira, Atlántico y Magdalena y que está intervenida desde septiembre de 2024 por la Superintendencia de Servicios Públicos.

El mandatario agregó, sin más detalles, que el objetivo era lograr que sus activos configuren “una empresa común con otra empresa pública caribeña”. Lea también: Petro anuncia liquidación de Air-e luego de dos años de intervenciónAnalistas, gremios y usuarios han advertido que el trino del presidente no basta para liquidar la empresa, pero les preocupa que a menos de dos meses de que termine el Gobierno, el presidente lance una afirmación de este nivel sin antes haber contestado preguntas críticas.

El ingeniero eléctrico Carlos Diago, experto en el sector, primer interventor de Air-e y miembro de la junta consultiva de Electricaribe entre febrero de 2019 y marzo de 2021, explica que para hacer efectiva la liquidación se necesita un acto administrativo que indique de manera precisa cómo se elegirá a la empresa o empresas que se encargarían de la prestación del servicio en los tres departamentos en los que tiene presencia Air-e y cómo se pagarían las millonarias deudas. ¿Quién prestará el servicio?Air-e lleva cinco interventores en 21 meses.

La situación financiera de la empresa es crítica. En mayo, la Procuraduría advirtió que es inquietante que “no existan estados financieros plenamente verificados” para conocer en detalle el estado de la empresa.

Lo cierto es que los pronunciamientos y cifras disponibles indican que la intervención no ha logrado llevar a Air-e a un punto de equilibrio financiero. En enero de este año, el Gobierno argumentó en un decreto, que después tumbó la Corte Constitucional, que la deuda asociada al pago de energía de la empresa intervenida, asimismo de la necesidad proyectada de flujo de caja, sumaban COP 5,44 billones en un horizonte superior a un año.

Esa era, hasta ese momento, la suma necesaria para sostener la operación y ejecutar inversiones mínimas indispensables. Dos de las causas de este escenario son el bajo recaudo y las altas pérdidas, que incluyen los robos de energía.Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de la región Caribe, expresó a El Espectador que aunque en enero de 2025 la Superservicios comunicó que la empresa entraba en la modalidad de intervención con fines de liquidación, antes de materializar el anuncio del presidente se deben cumplir “pasos previos”; uno de los más importantes es definir quién y cómo se garantizará la distribución y comercialización de energía. “No tenemos información de que haya una empresa interesada en adquirir Air-e”, afirmó.

Las fuentes consultadas coinciden en que, al parecer, el gobierno Petro no ha hecho las gestiones necesarias para encontrar un nuevo operador idóneo para atender a 1,3 millones de usuarios. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), sostiene que en las condiciones actuales, sin definir quién se encargará de la prestación del servicio, una liquidación condenaría a La Guajira, Atlántico y Magdalena a un apagón.

Para la Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e (conformada por los comités intergremiales de Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira y ANDI Atlántico-Magdalena), el anuncio del presidente, sin un nuevo operador y sin un plan de pago para ponerse al día con los generadores de energía, viola la constitución, la ley y desconoce las alternativas para prestar este servicio público esencial. Al parecer, la opción que tiene en mente el Gobierno es fusionar los activos de Air-e con Gecelca, una empresa mayoritariamente pública de generación y comercialización de energía.

Esta posible opción genera dudas. Para Alarcón, la alternativa preocupa porque esta compañía es principalmente una generadora térmica, sin la experiencia necesaria para asumir la prestación del servicio en tres departamentos.

Le puede interesar: Telecall tendrá que pagar más de COP 7.000 millones por incumplimientos relacionados al 5GAsí mismo, la Veeduría advierte que operativa y logísticamente, “una integración de esta magnitud requiere autorizaciones, trámites regulatorios, procesos corporativos, financieros y administrativos que normalmente toman años”. La liquidación y la búsqueda de un nuevo operador toma tiempo.

Como ejemplo, Diago señala que para establecer quién quedaría a cargo de la prestación del servicio luego de la liquidación de Electricaribe, el Gobierno de Iván Duque se demoró cerca de un año y medio, desde marzo de 2019 hasta octubre de 2020. El peso de las deudas de Air-e De acuerdo con gremios del sector de energía y con datos publicados por la Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e, las cuentas sin pagar con generadores, transmisores y otros proveedores del sistema suman COP 2,5 billones.

En una liquidación, explica Diago, sería necesario vender los activos para pagar los pasivos que tenía la empresa antes del 12 de septiembre de 2024, cuando fue intervenida. Pero el experto sostiene que las deudas que se adquirieron después de esa fecha, esos COP 2,5 billones, los tendría que asumir el Estado, a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos.

La empresa le debe a los generadores térmicos más de COP 1,7 billones, que equivalen a un mes del combustible necesario para prender las plantas. La comercializadora no está pagando, pero los generadores están obligados a seguirle vendiendo en la bolsa de energía porque una disposición de la Superservicios estableció que no se les puede cortar el suministro a empresas intervenidas por el Estado.

La situación se está agravando y, según la cabeza del gremio, amenaza la generación de energía en pleno fenómeno de El Niño. En Colombia, el 70 % de la energía se genera con hidroeléctricas.

En momentos de sequía, la opción es que las térmicas, que usan carbón o gas, entren a respaldar al sistema para evitar apagones. El riesgo es que los generadores se queden sin caja para comprar combustibles en plena sequía.

Estar a la altura del temaDesde la Liga Nacional de Usuarios de la región Caribe, la solicitud para el Gobierno de Gustavo Petro es que este tema no se tome a la ligera, pues está en juego la prestación del servicio de energía. Por el tiempo que puede tomar una liquidación y por los pasos que no se han dado, Alarcón asume que la solución dependerá de la próxima administración.

Desde ya, la petición de los usuarios es crear una mesa de concertación regional para analizar las salidas a la crisis eléctrica. Para Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo del Comité Intergremial de Atlántico, la prioridad debe ser proteger a los usuarios, garantizar la continuidad y calidad del servicio, pagando las deudas acumuladas durante la intervención y definiendo una solución estructural para la región, con criterios técnicos, jurídicos y financieros. “Cualquier decisión sobre el futuro de Air-e debe estar respaldada por una hoja de ruta clara que evite trasladar mayores riesgos e incertidumbres a los usuarios y al sistema energético nacional.

El Caribe no puede seguir siendo escenario de decisiones improvisadas”, expresó a El Espectador. Para entender la situación de Air-e, es clave tener en cuenta que esta no es la primera crisis de la prestación del servicio en el Caribe.

Luego de la liquidación y reorganización de ocho electrificadoras públicas por problemas financieros, surgieron Electrocosta y Electricaribe a finales de la década de 1990. Después, a finales de 2007, ambas empresas se integraron bajo Electricaribe, que atendió a los siete departamentos de la región hasta que fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en 2016 y posteriormente liquidada.

En 2020, Afinia (Caribe Mar), filial del Grupo EPM, asumió la prestación del servicio en Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar, mientras que Air-e (Caribe Sol) quedó a cargo de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Diago sostiene que desde su experiencia está demostrado que el modelo de agregar mercados no funcionó.

A su juicio, asimismo de dividirlos (es decir, que por ejemplo haya una empresa por cada dos departamentos) también es clave separar el negocio de distribución del de comercialización, para que el primero quede en manos de privados y el segundo de empresas públicas. Estas son algunas de las opciones que deben analizarse a profundidad.

Aunque sin acto administrativo, en la práctica, no hay liquidación, para Diago la publicación de Petro sí tiene consecuencias: zozobra sobre el futuro de la empresa y del sector eléctrico. Al cierre de esta edición, la Superintendencia de Servicios Públicos no se había pronunciado sobre las declaraciones del presidente ni había confirmado el anuncio. 💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas?

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