Esta jornada, el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, presentó frente a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados los procedimientos de cobro a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que se encontraban morososo.Al respecto, y luego de dar a conocer un cronograma de cómo se han llevado a cabo estos procedimientos, el tesorero dio a conocer una radiografía sobre quiénes son las personas mororos, explicando a su vez el aspecto legal luego de los embargos realizados.Así, indicó, en términos generales hoy día, -y en base a información que tienen de la Comisión Ingresa- el 25% de las personas estudiando lo hacen con CAE, mientras que las personas que están al día, es decir, ya egresados pagándole al banco, son el 28%. Aquellos en mora, ya con cartera ejecutada, corresponden a un 47%.

En otro orden, desde el punto de vista de los montos, explicó, de los 558 mil deudores que están en mora en la cartera de la tesorería por CAE, al ser segmentados en grupos según sus ingresos, casi al 90% tienen ingresos inferiores a lo 1,5 millones.En materia de rango etario en otro orden, el tesorero explicó que el 50% de los deudores se encuentran en un rango de 30-35 años, “y si ampliamos un poco ese rango, el 70% de la deuda se concentra entre 29 y 37 años”.En cuanto a los extremos del espectro, correspondiente a los menores de 25 y mayores de 65 años, indicó que ellos tienen un “impacto mínimo”, ya que ambos grupos combinados representan apenas el 0,14% de la deuda total. “Esto es un aspecto muy interesante respecto a que el 9,28% del total, que tiene en rigor con 34 años, tiene una deuda de 397 mil millones, lo cual es un monto importante, considerando que pasaría a ser casi 10 años de egreso (del deudor)”, indicó. En otro orden, y en cuanto a la evolución del pago del CAE, se indicó que la tendencia indica que al cierre del ejercicio 2026, el monto de la deuda será de 4,4 billones, es decir, 1,1 puntos porcentuales del PIB.“Estamos hablando de cifras importantes y que tienen que ver con un monto relevante respecto a lo que es la deuda general que tiene la tesorería en su cartera de morosidad”, expresó al respecto.En materia de la legalidad de estos cobros, el tesorero indicó que el TGR cumple con un mandato legal al cobrarlo, ya que la deuda, al aplicar la garantía estatal, se transforma en un crédito fiscal.

Asimismo, hay dos dictámenes de la Contraloría, uno del 2011, y otro del 2025, que avalan el actuar de la tesorería, y sumado a esto, también cuentan con la raficación judicial. “Hay un 83% de los recursos de protección que han sido declarados inadmisibles por los tribunales superiores”, indicó al respecto. “La Corte Suprema ha rechazado también 520 recursos de protección”En cifras, explicó que de los 2.200 recursos que se han interpuesto a la Corte de Apelaciones, se han declarado inadmisibles el 82,7%.“Hoy día hay algunas cortes, obviamente, que están divididas, pero estamos obviamente apelando correspondientemente a la Corte Suprema como corresponde”, indicó.En otro orden, y en cuanto a los convenios realizados para pagar la deuda, el tesorero destacó las facilidades existentes que han puesto a disposición de los deudores. “Las soluciones que hemos dado accesibles para los deudores tienen que ver con que el 81% de estos deudores puede tomar un convenio de pago con ta sólo 1 UTM”, recordó. A la fecha, más de 15.500 deudores lo han hecho, “y eso es muy importante”, celebró. “Ya que 1 UTM son casi 70 mil pesos″. “Considerando obviamente la situación económica de cada uno, eso podrá ser considerado un valor complejo o no, pero en general las facilidades son máximas y también el pie tiene que ver también con las cuotas posteriores que están contingentes al ingreso”, añadió.

Luego de la presentación, los diputados de la comisión hicieron variadas consultas al tesorero referentes a los tiempos de los cobros, así como también los criterios para decidir los diferentes tramos de ingresos para realizar los embargos, entre otras. No obstante por tiempo, el presidente de la comisión, Sergio Bobadilla (UDI) solicitó al tesorero que respondiera por escrito a las consultas.