El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) tiene previsto realizar mañana miércoles su última reunión para emitir un dictamen y recomendar el reajuste del salario mínimo legal que deberá aplicarse a partir de julio próximo. El encuentro está convocado para las 10:30 en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), en la intersección de Perú y Río de Janeiro, en Asunción.

El Conasam funciona con una integración tripartita: representantes de los trabajadores, del sector empleador y del Estado. No obstante, en las reuniones previas no logró un acuerdo entre las posturas, lo que deja el dictamen en un terreno políticamente sensible.

La distancia entre las posturas sigue siendo amplia, ya que el sector trabajador sostiene un pedido de incremento del 20%, mientras que el sector empleador insiste en “respetar las condiciones legales actuales”, es decir, limitar el reajuste a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es del 2,4%, desde el último aumento del año pasado. Bajo este último criterio, el ajuste estrictamente indexado a la inflación, el aumento resultaría de apenas 69.577 guaraníes, una cifra totalmente insuficiente para cubrir el encarecimiento que ha sufrido la canasta familiar.

De confirmarse este reajuste el nuevo salario pasaría a G. 2.968.625 En ese contexto, el diputado Hugo Meza (ANR-cartista) fue abordado por la prensa sobre el tema, y explicó que el presidente Santiago Peña no estaría de acuerdo con los cálculos que se vienen aplicando para el reajuste del salario mínimo, a lo que agregó que el presidente podría anunciar una información “demasiado importante” y que, a su juicio, sería una “señal enorme” de reconocimiento al trabajador, dando a entender que el reajuste podría darse en un monto superior a la variación del IPC. Sin revelar detalles, el diputado vinculó esa expectativa con una discusión más amplia sobre los criterios de fijación salarial.

El legislador planteó que el presidente “tiene la potestad” de fijar el salario teniendo en cuenta otros parámetros que dispone la ley asimismo del IPC, que según su lectura, la comisión encargada de recomendar el reajuste podría no estar incorporando plenamente.