Diputados bonaerenses de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de ley que busca modificar el esquema que regula la compraventa de inmuebles en la provincia de Buenos Aires.La iniciativa, encabezada por el diputado Juan Osaba y acompañada por otros legisladores libertarios, propone eliminar la exclusividad que hoy tienen los martilleros y corredores públicos para intervenir en operaciones inmobiliarias.Mientras que para sus impulsores se trata de derribar barreras corporativas que restringen la competencia, los martilleros sostienen que la iniciativa pone en riesgo los mecanismos de control y protección de los consumidores.Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires calificaron el proyecto como una amenaza para las operaciones inmobiliarias y comenzaron una ronda de contactos políticos para intentar frenar su avance en la Legislatura bonaerense.Mercado inmobiliario: qué cambia con el proyecto impulsado por La Libertad AvanzaEl núcleo de la iniciativa consiste en modificar diversos artículos de la Ley Provincial 10.973, que regula la actividad de martilleros y corredores públicos.En la actualidad, la normativa reserva determinadas tareas vinculadas con la intermediación inmobiliaria a profesionales matriculados y establece sanciones para quienes desarrollen esas actividades sin contar con el título habilitante correspondiente.El proyecto libertario busca eliminar esa restricción y permitir que cualquier persona humana o jurídica pueda intervenir en operaciones de compraventa de inmuebles sin necesidad de matricularse.La propuesta también apunta a consagrar el principio de autonomía de la voluntad en la fijación de honorarios y comisiones, uno de los principales ejes de la agenda desreguladora impulsada por el Gobierno nacional en distintos sectores de la economía.En los fundamentos de la iniciativa, Juan Esteban Osaba cuestionó el esquema vigente y remarcó que la intervención obligatoria de martilleros constituye una barrera injustificada para el desarrollo de una actividad económica.“Al imponer un monopolio de intermediación basado en una matrícula, para tareas que son esencialmente comerciales, el Estado Provincial excede su poder de policía, transformando una regulación profesional en una barrera que impide a los ciudadanos elegir libremente quién los asiste en la disposición de sus bienes”, indicó.Para los impulsores del proyecto, las funciones de control que históricamente justificaron la existencia de la matrícula profesional ya se encuentran garantizadas por otros actores que intervienen en las operaciones.“Bajo esta propuesta, se reconoce que las funciones de control legal y técnico tradicionalmente asignadas a la figura del martillero se encuentran plenamente garantizadas y suplidas por la intervención de abogados y escribanos”, argumentó Osaba.El proyecto también elimina las sanciones previstas para quienes intervengan en operaciones inmobiliarias sin matrícula y designa al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense como autoridad de aplicación del nuevo régimen.La batalla detrás de la desregulación inmobiliariaMás allá de los cambios normativos, la iniciativa abre una discusión de fondo sobre el papel de los colegios profesionales. Para La Libertad Avanza, el régimen actual constituye una "restricción artificial a la competencia que encarece las operaciones y limita la libertad de contratación entre particulares".No obstante, los martilleros sostienen que la matriculación no representa un privilegio corporativo sino una herramienta de control que garantiza capacitación, responsabilidad profesional y mecanismos de supervisión para quienes intervienen en transacciones de alto valor económico.El temor de los martilleros: una “pandemia de estafas inmobiliarias”El principal argumento de quienes rechazan la iniciativa es que la eliminación de los requisitos de matriculación abriría la puerta a un aumento de los fraudes inmobiliarios.“Lo peligroso de la ley para desregular el mercado inmobiliario que presentó La Libertad Avanza es que, de producirse la situación, va a derivar en una pandemia de estafas inmobiliarias.

Esto es lo que nosotros desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos queremos advertir”, aseveró el presidente de la entidad bonaerense, Luis Eusebio Colao, al portal Diputados Bonaerenses.El dirigente fue incluso más allá y bautizó a la propuesta como la “Ley Cambalache”. “En este mundo del cambalache que pretenden establecer, es lo mismo ser profesional que cualquier otra persona, tanto humana o jurídica, que quiera desarrollar nuestra actividad”, expresó.Según Colao, la iniciativa elimina controles esenciales y termina beneficiando a quienes en la actualidad operan fuera del marco legal. “No solo equipara, sino que beneficia a aquellas personas que van a trabajar ilegalmente, porque inclusive las saca del control constitucional que tiene el Colegio y los manda a una oficina del Ministerio de Ciencia y Tecnología”, indicó.Desde la entidad remarcan que el sistema actual permite controlar la conducta profesional de los matriculados, aplicar sanciones disciplinarias y brindar herramientas de protección a compradores, vendedores e inquilinos frente a eventuales irregularidades.La ofensiva política para frenar la reformaConsciente de que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada desde el Gobierno nacional, el Colegio de Martilleros inició una ronda de reuniones con distintos dirigentes políticos para reunir apoyos.En ese marco, las autoridades de la entidad mantuvieron un encuentro con Sergio Massa, quien expresó su respaldo a las instituciones profesionales y compartió las preocupaciones del sector respecto de la reforma.Según el dirigente, también mantuvieron reuniones con equipos cercanos a Patricia Bullrich y continuarán dialogando con distintos sectores políticos ante la posibilidad de que una reforma avance a nivel nacional.