La Fiscalía ha solicitado este martes 22 años de prisión para Daniel Ávila B., un hombre con discapacidad que se ha sentado en el banquillo acusado de asesinar de una puñalada en un bar de Madrid en 2023 a Sebastián Francisco B.L., un ciudadano chileno de 35 años que se encontraba de paso en España.El procesado, español de 47 años que padece una discapacidad física del 43 %, se encontraba el 23 de diciembre de 2023 en un establecimiento situado en la calle de Juan de la Mata número 13, en el distrito madrileño de Latina, en el que le acompañaban dos amigos, según ha relatado la fiscal en la Audiencia Provincial de Madrid.En ese bar también estaba Sebastián Francisco B.L. en estado de embriaguez, por lo que el acusado le pidió que se alejara y, al no hacerlo, sacó una navaja de forma "sorpresiva" y se la clavó en el lado izquierdo del cuello, causándole una hemorragia "masiva" por la que sufrió un infarto y una parada cardiorrespiratoria. La víctima murió dos días después en el Hospital Clínico San Carlos a consecuencia de las heridas.Para la fiscal, estos hechos son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía sin circunstancias atenuantes que modifiquen la responsabilidad penal del acusado, por lo que procede imponerle una pena de 22 años de prisión y que indemnice a los familiares de la víctima con 300.000 euros.Por su parte, la letrada que defiende a Daniel ha exonerado su responsabilidad, explicando que la víctima se dedicó a "acosar sexualmente" a una amiga de la que el acusado estaba enamorado, y que tiene un 67 % de discapacidad psíquica, y asimismo le gritaba groserías, por lo que generó una situación "tensa e incomoda".La abogada de la defensa ha señalado que el acusado llevaba la navaja como "arma coactiva" ya que a menudo era víctima de burlas y agresiones por su discapacidad y padecía un trastorno ansioso-depresivo que, sumado a la situación, le causó un estado de "despersonalización" en el que perdió la consciencia de sus actos.Asimismo ha referido al jurado popular que en las próximas sesiones escucharán a los peritos de la defensa, que han comprobado, luego de 30 meses de seguimiento del acusado, que no era una persona "normal" ya que padece un trastorno explosivo intermitente.Para la defensa, la puñalada se debió a un "movimiento impulsivo" y alega hasta cuatro eximentes completas de la responsabilidad penal: de trastorno psíquico; alteración grave de la conciencia; legítima defensa, dada la "amenaza inminente" que representaba Sebastián Francisco; y la de miedo insuperable, que le causó ese "cortocircuito mental".Asimismo, añade dos posibles atenuantes: la de confesión, puesto que "pudiendo huir" permaneció en el lugar y colaboró con la Policía; y la de reparación del daño porque ha ido pagando las indemnizaciones mensualmente de acuerdo a sus capacidades monetarias.

Durante la sesión de este miércoles comparecerán testigos presenciales de los hechos y uno de los peritos psicológicos contratados por la defensa.