Las acusaciones populares del caso Begoña, unificadas bajo la dirección letrada de Hazte Oír, han solicitado este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado que se prohíba a Begoña Gómez salir del territorio nacional, se le retire el pasaporte y se le obligue a comparecer cada 15 días en el juzgado. Lo han hecho durante la vistilla celebrada luego de la audiencia preliminar convocada por el instructor como paso previo a la apertura de un juicio ante un tribunal del jurado contra la mujer del presidente del Gobierno.

En el plazo de tres días, el juez debe dictar un auto en el que decida si envía a Gómez a juicio —todo apunta a que así será, vistos últimos escritos del instructor— y otro en el que acuerde las medidas cautelares a aplicar. La decisión última de enviar a Gómez a un juicio con jurado popular por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida no corresponde únicamente a Peinado.

La Audiencia Provincial de Madrid debe resolver aún varios recursos presentados por la Fiscalía y las defensas en los que piden el archivo de la causa. Tanto Begoña Gómez como los otros dos investigados han acudido personalmente, obligados por el juez, a la audiencia celebrada este lunes desde las 18.00 horas hasta pasadas las nueve de la noche.

El acto ha transcurrido según lo previsible, en tanto que las distintas partes personadas han mantenido sus posturas. La Fiscalía y las defensas han solicitado el archivo de la causa y las acusaciones populares agrupadas bajo la dirección letrada de Hazte Oír han solicitado elevadas condenas para los tres investigados.

Para Begoña Gómez, las acusaciones mantienen su reclamación de 24 años de prisión. También solicitan 22 años de cárcel para la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés.

Las acusaciones han reclamado que se impongan las mismas medidas cautelares de carácter personal para la mujer de Sánchez y su asesora: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Todas ellas se encaminan a prevenir el riesgo de que ambas se fuguen.

No obstante, las acusaciones han reclamado también que se impongan a la esposa de Sánchez otras medidas relacionadas con su actividad económica. En esa línea han reclamado que se le impida hacer uso de la marca 'Transforma TSC SL", asociada a la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La propia universidad también ha estado personada en la audiencia preliminar en calidad de posible perjudicada. Las acusaciones lideradas por Hazte Oír han reclamado igualmente que se impida a Begoña Gómez hacer uso del software que varias empresas financiaron para su uso en la cátedra de la universidad, un programa cuyo desarrollo también costeó la UCM y que, después, Gómez ofreció a PYMES de forma gratuita a través de su página web.

Las acusaciones han solicitado, por último, que se impida a Gómez hacer uso de esa página web. En conclusión, las acusaciones populares han mantenido la petición de medidas cautelares que ya pusieron por escrito antes de celebrarse el auto, en su escrito de conclusiones provisionales.

No obstante, sí han cambiado la petición respecto de Juan Carlos Barrabés, para quien pedían las mismas medidas cautelares que para Gómez y Álvarez. Finalmente no han solicitado ninguna.

Hazte Oír sugiere que Sánchez podría fugarseDurante la última vista de medidas cautelares que se ha celebrado, la relativa a Begoña Gómez, Hazte Oír ha sugerido que el propio Pedro Sánchez podría fugarse del país dadas las causas judiciales que afectan a su entorno político. Así, ha argumentado que Begoña Gómez podría fugarse también, y por eso es necesario, a su juicio, retirarle el pasaporte.

En el curso de su exposición, el letrado de Hazte Oír ha acudido al ejemplo de Bettino Craxi, que fue primer ministro de Italia entre 1983 y 1987 y se fugó a Túnez años después luego de verse envuelto en una causa de corrupción.