Conforme a la resolución emitida el pasado 8 de junio por el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, desde hoy lunes inicia el proceso de elaboración de ternas para la elección de Contralor General de la República, que ahora es ocupado por Camilo Benítez y como Subcontralor, en la actualidad es el liberal Augusto Paiva, cuyos mandatos fenecen el próximo 1 de noviembre. El Artículo 281 de la Constitución establece los requisitos para la elección de ambos cargos; donde en su capítulo sobre la Contraloría señala que esta “se compone de un Contralor y un Subcontralor, quienes deberán ser de nacionalidad paraguaya, de treinta años cumplidos, graduados en Derecho o en Ciencias Económicas, Administrativas o Contables.

Cada uno de ellos será designado por la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta, de sendas ternas de candidatos propuestos por la Cámara de Senadores, con idéntica mayoría”. No obstante, durante este gobierno Camilo Benítez sumó a su curriculum una serie de “favores” determinantes, mostrándose funcional al gobierno de Santiago Peña y al cartismo.

Empezó con el caso que contribuyó a la cuestionada expulsión de la exsenadora Kattya González, donde Camilo Benítez apuntó a la entonces legisladora por el comisionamiento al Senado de José Luis Torales, alegando que por ser funcionario de Contraloría tenía vedadas las actividades políticas. Esto generó una confrontación de criterios entre el contralor Benítez y el subcontralor Paiva, ya que este último consideraba que con el comisionamiento, el funcionario se regía por el reglamento y código de ética de la institución receptora del comisionamiento.

Finalmente, la Fiscalía tampoco encontró irregularidades en el acto, pero el Senado ya había consumado la expulsión de Kattya. Otro caso sonado fue el pedido de intervención que finalmente terminó con la destitución del entonces intendente de Ciudad del Este y actual precandidato opositor a la Presidencia, Miguel Prieto (Yo Creo), todo ello para motivar una elección de sustituto que igual perdió la ANR.

El hecho más llamativo fue que de manera inédita, el pedido de intervención fue impulsado desde la Contraloría cuando el circuito habitual era a pedido de la Junta Municipal, iniciativa que no tomaron contra otras comunas cuestionadas como la de Tomás Romero Pereira, administrada por Hernán Ysidro Rivas (ANR, HC), padre el exsenador cartista Hernán David Rivas. Si bien en el “paquete” de intervenciones con Ciudad del Este se incluyó a la administración del ahora exintendente cartista de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, esta fue una jugada calculada para deshacerse de Nenecho, ya que luego le pasaron la administración al cartista Luis Bello y ahora ganó la elección interna colorada el también cartista Camilo Pérez.

Finalmente, el caso más reciente y resaltante fue el presunto “blanqueo” a la fortuna del presidente de la República, Santiago Peña, donde la Contraloría, luego de un “examen de correspondencia de bienes” no halló “irregular” que Peña haya incrementado su fortuna un 2.400% en seis años, sin siquiera analizar el periodo que estuvo fuera de la función pública. A la Contraloría no le pareció irregular, que Peña apenas asumió haya comprado una mansión declarada por él mismo en US$ 900.000, construida supuestamente en base a un “préstamo” del banco “amigo” de este gobierno y para colmo, la construcción se llevó a cabo en un terreno del que Peña ni siquiera tenía aún el título de propiedad.

Esto debería haber sido llamativo no solo por el hecho de que nadie levanta una edificación de US$ 900.000 en un terrero del cual no tiene el título de propiedad, sino también de parte del banco, que supuestamente prestó gran parte del dinero sin tener ese documento a la vista. El cartismo, que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, tendrá en sus manos la definición de nuevo contralor y subcontralor antes de las elecciones municipales del 4 de octubre próximo, si es que apuran en Diputados.

Según establece el artículo 45 de la Ley orgánica de la Contraloría, “a los efectos de la designación del Contralor General y el Subcontralor, la Cámara de Senadores deberá proponer sesenta días antes del vencimiento del mandato constitucional las ternas respectivas a la Cámara de Diputados la que deberá realizar la designación correspondiente". Esto hace que para septiembre, como máximo, el Senado remita las respetivas ternas a Diputados, que una vez recibidas deberá convocar a los postulantes ternados, emitir dictámenes de comisiones y llevar a votación del pleno.

El senador Líder Amarrilla (PLRA) advirtió de una posible inconstitucionalidad de una eventual reelección de Camilo Benítez bajo el criterio de que en la práctica sería su tercer período, siendo que la constitución solo habilita a dos. Esto ya que Camilo Benítez había asumido su primer mandato en octubre de 2021 en reemplazo del entonces Contralor (que renunció) Enrique García, cuyo mandato culminaba en noviembre de 2021. “Claramente la Constitución tiene una laguna en esa parte donde no específica si se le echa a un contralor y otro termina, entonces debe ser interpretado restrictivamente.

¿Qué significa eso? Como los periodos son cerrados y ocupó el cargo 5 años, 10 días o 12 meses, entonces ya es considerado un periodo", alegó Amarilla.

Vale señalar que en ese periodo 2016-2021, pese a que Benítez asumió un breve plazo, lo hizo desde la condición de Subcontralor, cargo para el cual había sido designado inicialmente. “Camilo Benítez ya no puede ser Contralor de la República. Eso es bien clarito y si lo hacen va a ser inconstitucional.

El cartismo si nuevamente quiere violar la Constitución, le van a elegir a Camilo, pero si no, hay miles de candidatos", refirió Amarilla. No obstante, insistió que para él es claro que el oficialismo busca otra vez confirmar a Camilo Benítez por ser “una persona complaciente y afín al gobierno colorado y bueno”.

Asimismo de advertir la cuestión constitucional, Amarilla apuntó su crítica al desempeño del Contralor en el cargo, donde “él es Colorado y es activista”, y que defiende intereses del gobierno antes que de la ciudadanía. Camilo Benítez “es importante (para el oficialismo) porque, por ejemplo, le blanqueó al presidente de la República su declaración jurada de bienes, y por ejemplo, no vio nada en lo que pasó en el Instituto de Previsión Social (IPS) en estos últimos tiempos".

Respecto a IPS enfatizó que tuvo que ser el nuevo presidente Isaías Fretes el que denunciara una ser de irregularidades y presuntos hechos de corrupción cuando “hay un síndico de la Contraloría en el IPS -y en todas las instituciones públicas- y nada de esto vio la Contraloría en ninguno de los casos”.