El pasado 7 de junio los peruanos acudieron a las urnas para elegir un nuevo presidente, debatiéndose entre la candidatura de derecha de Keiko Fujimori y la propuesta más a la izquierda de Roberto Sánchez. No obstante, el desenlace sigue siendo incierto y la tensión comienza a escalar, trasladándose a las calles.

Con el 98,5% de las actas procesadas, Fujimori mantiene una ventaja mínima de 18.535 votos. Pero aún quedan en revisión 1.342 actas con errores materiales o inconsistencias que deberán ser resueltas por los Jurados Electorales Especiales en todo el país.

En paralelo, Sánchez busca invalidar 2.400 mesas en las que su rival obtuvo ventaja —1.751 en Perú y 649 en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Argentina. La impugnación de estas mesas, que representan 600.000 votos, aparece para los seguidores de Sánchez como la vía más viable de revertir el resultado, ya que la mayoría de las actas en observación corresponden a Lima, el principal bastión electoral de Fujimori.

El inconveniente para Sánchez es que el Jurado Electoral Especial, la instancia encargada de procesar este tipo de solicitudes, las rechazó porque no fueron acompañadas del pago que exige la ley peruana: 1.375 soles por cada mesa, lo que en conjunto equivale a 973.451 dólares. La norma busca evitar impugnaciones sin sustento que solo pretendan retrasar el escrutinio.

Para sortear este escollo, Juntos por el Perú, el partido que respalda a Sánchez, lanzó una colecta para recaudar fondos, advirtiendo a sus simpatizantes que “tu solidaridad es fundamental para continuar con la defensa del voto popular y afrontar los gastos del proceso ante las instancias electorales correspondientes”. En declaraciones desde la sede del partido Sánchez aseveró que “la inadmisibilidad es por no adjudicar el pago de tasas, pues son impresionantes estas tasas (…) todos podemos colaborar con uno, dos o tres soles”.

Entre las razones para pedir la anulación de las mesas, Juntos por el Perú sostiene que detectó un patrón inverosímil de votos. En el caso de Estados Unidos y Argentina —donde Fujimori obtuvo el 76% y el 61% de los sufragios, respectivamente— cuestiona asimismo el retraso en la llegada de las actas a Perú y el cambio de la normativa que antes obligaba a digitalizarlas.

Antes de intentar invalidar estas mesas, Sánchez se había pronunciado a favor de un reconteo amplio de los votos emitidos en el balotaje, proponiendo que “hagamos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo este proceso, sobre todo de aquellos donde hay indicios presuntos de que no haya ocurrido ahí transparencia como corresponde”. Juntos por el Perú comienza a calentar las calles.

El pasado sábado convocó a una marcha en Lima para protestar contra el proceso electoral y el eventual triunfo de Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, el líder que gobernó entre 1990 y 2000. Una parte de la población lo recuerda por haber derrotado a Sendero Luminoso y ordenado la economía, pero su gestión quedó marcada por violaciones a los derechos humanos y la consolidación de un régimen autoritario. “Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más”, gritaron los seguidores de Sánchez en el centro de Lima, marchando con una enorme pancarta que proclamaba: “No al fraude”.

La ley ante todo Keiko Fujimori respondió con calma al intento de Sánchez de invalidar mesas de votación y a la solicitud de un reconteo. En breves declaraciones aseveró: “Sobre las nulidades e impugnaciones, lo primero que quisiera señalar es que nosotros no vemos ninguna causal de nulidad, pero están en su derecho de hacerlo”.

Luego indicó que cualquier reconteo de votos debe hacerse conforme a las normas. “La democracia está basada en reglas, normas, leyes y la Constitución. Solamente pueden pasar por un reconteo aquellas actas observadas”, explicó.

Y agregó: “Lo que ha faltado por parte de Juntos por el Perú es leer mejor la ley y el reglamento, pero está muy claro en el artículo 10 de la Ley Electoral. Ahí creo que pueden dilucidar lo que corresponde esperar” Luis Galarreta, candidato a vicepresidente por Fuerza Popular, el partido liderado por Fujimori recalcó que “el recuento de votos no es porque a mí se me ocurre.

Yo no puedo pasar por alto las instituciones electorales o el marco electoral”. Para Fujimori se trata de la cuarta elección presidencial consecutiva en la que intenta convertirse en presidenta.

Su camino hacia el poder inició en 2011, cuando fue derrotada por Ollanta Humala, un exmilitar que intentó un golpe de Estado. Luego perdería ante Pedro Pablo Kuczynski, economista y empresario.

En las pasadas elecciones cayó por un estrecho margen frente a Pedro Castillo, maestro rural de izquierda que irrumpió como outsider y que, luego de un año y cuatro meses de caótica presidencia, fue encarcelado al intentar disolver el Congreso. En un país arrinconado por la criminalidad, donde las cifras oficiales reportaron 2.400 homicidios el año pasado —un promedio de 200 al mes— y los casos de extorsión se han multiplicado, Fujimori propone una política de mano dura: deportar a migrantes fuera de la legalidad, instaurar “jueces sin rostro” para proteger a magistrados que procesen a criminales de alto riesgo y reforzar los cuerpos policiales.

Ha dejado en claro su intención de sumar a Perú a la ola de gobiernos de derecha en América Latina, acercarse a Estados Unidos y reforzar una economía de mercado centrada en elevar la inversión extranjera y la estabilidad macro para impulsar el crecimiento. “La pobreza no se reduce con discurso, se reduce con empleo”, insistió en sus discursos. Heredero de Castillo Sánchez se presentó como sucesor de Castillo.

Fue su ministro de Comercio Exterior y Turismo, adoptó el sombrero que lo caracterizó y prometió indultarlo. En la primera etapa de su campaña, Roberto Sánchez consiguió atraer a los votantes que expresan su descontento con un modelo económico que, pese al crecimiento y la baja inflación, no ha logrado reducir una informalidad cercana al 70% ni recuperar los niveles de pobreza previos a la pandemia.

El índice, que antes de la crisis sanitaria se ubicaba en 20%, el año pasado alcanzó el 25%. Básicamente promovió la necesidad de una reforma constitucional para “recuperar la soberanía nacional sobre los recursos naturales”, fortalecer el rol del Estado en la economía, revisar los contratos tributarios con las grandes mineras y los tratados de libre comercio.

Asimismo, aumentos del salario mínimo e impulso a la agricultura familiar. Consciente de los límites de una candidatura sostenida únicamente en la izquierda, en la semana previa a la segunda vuelta Roberto Sánchez se desplazó hacia el centro y presentó un nuevo programa.

Allí prometió una “economía de mercado abierta, respetuosa de los tratados internacionales de libre comercio”. La reforma constitucional, que antes aparecía como signo de ruptura, quedó planteada como el paso final de un amplio consenso nacional.