En Panamá, cada semana emergen noticias de crímenes y corrupción que generan alarma y aumentan la sensación de inseguridad. No obstante, el desafío no reside únicamente en los incidentes aislados, sino en el proceso histórico que representan.

Durante los años cincuenta y sesenta, las drogas eran marginales en Panamá: la marihuana circulaba en entornos específicos y la cocaína o la heroína se limitaban a sectores privilegiados, sin impactos relevantes sobre la estabilidad nacional. En los setenta, el consumo de cocaína aumentó y, en los ochenta, los carteles transformaron la dinámica.

La ubicación geográfica de Panamá la convirtió en un punto clave para el tráfico hacia mercados del norte. Inicialmente, Panamá era solo una ruta de tránsito.

Posteriormente, se consolidó como centro de almacenamiento, redistribución y movimiento financiero. Con el tiempo, parte de la droga inició a utilizarse como método de pago por servicios de transporte, protección y logística, y una porción creciente quedó en el país, alimentando mercados internos de consumo cada vez más amplios.

Aparecieron fenómenos antes desconocidos, como los “tumbes” de droga, que transformaron la dinámica criminal: ya no se trataba solo de transportar mercancía ilícita, sino de controlar cargamentos, rutas, territorios y ganancias multimillonarias. De ahí surgieron nuevas formas de violencia, organizaciones criminales más complejas y el sicariato como método habitual para resolver disputas en el marco de la economía ilegal.

No obstante, la violencia visible no es el aspecto más peligroso. La verdadera amenaza está en el enorme poder económico acumulado por el narcotráfico durante décadas, que requiere protección, información, influencia e impunidad.

Para obtener esos elementos, el narcotráfico busca penetrar instituciones, corromper funcionarios, infiltrar estructuras económicas y establecer vínculos con diversos sectores de la sociedad. Por ello, el fenómeno ya no puede considerarse únicamente como un problema policial.

En la actualidad, el narcotráfico constituye una economía criminal que compite con el Estado por el dinero, el reclutamiento de jóvenes, el control territorial, la lealtad de comunidades abandonadas, la influencia institucional, la capacidad de corrupción e incluso por la autoridad. Cuando una organización criminal ofrece ingresos, protección o poder con mayor rapidez que las instituciones legítimas, el problema trasciende la seguridad pública y se convierte en un problema de seguridad nacional.

La cuestión ya no es cuánta droga pasa por Panamá, sino cuánto poder ha acumulado el narcotráfico dentro del país. Este es el debate que Panamá debe afrontar con seriedad, pues homicidios, sicariatos, pandillas, robos y crisis penitenciarias son manifestaciones visibles de un fenómeno mucho más profundo.

Existe un aspecto que rara vez se discute: el narcotráfico y la corrupción prosperan no solo por el dinero, sino porque determinadas conductas comienzan a ser toleradas socialmente. Durante décadas, expresiones como el “juega vivo” se han normalizado, presentándose como astucia o inteligencia práctica.

No obstante, en su versión más dañina, representa la aceptación de la ventaja indebida, la trampa y el incumplimiento de las reglas cuando se busca beneficio personal. De igual forma, la frase “robó, pero hizo” es destructiva para la vida pública nacional, pues luego de ella se esconde una profunda renuncia moral.

Aceptar que alguien robe recursos públicos a cambio de ejecutar obras legitima la corrupción como mecanismo habitual de gobierno. Ninguna sociedad puede derrotar la corrupción mientras continúe justificándola cuando produce beneficios inmediatos.

La lucha contra el crimen organizado no es solo policial, judicial o política, sino también cultural. Es una batalla por recuperar el valor de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y el respeto a las normas.

Mientras condenamos al narcotraficante, admiramos al “juega vivo”; mientras denunciamos la corrupción, justificamos al político que “robó, pero hizo”. Ambas conductas nacen de la misma renuncia ética: la creencia de que el beneficio personal puede estar por encima de las reglas comunes.

Durante décadas, los panameños lucharon por recuperar la soberanía territorial. Hoy, el desafío es preservar la soberanía interna de la República.

Cuando estructuras criminales acumulan recursos suficientes para corromper funcionarios, influir en decisiones, controlar territorios, reclutar jóvenes y desafiar la autoridad pública, la soberanía interna comienza a erosionarse y, con ello, también la democracia. Resulta preocupante que esta amenaza no ocupe el lugar prioritario que debería en la agenda nacional, especialmente cuando el presidente tiene una trayectoria vinculada a temas de seguridad y gobierno.

Se espera una estrategia nacional a la altura del desafío. Lo preocupante no es que el gobierno desconozca el problema, sino que no dimensione plenamente la velocidad y profundidad de la amenaza.

Las sociedades no son derrotadas cuando los criminales se vuelven fuertes, sino cuando las instituciones se debilitan y la sociedad se acostumbra a convivir con la corrupción, la violencia y la impunidad. Panamá aún está a tiempo de corregir el rumbo, pero el tiempo para minimizar el problema se agota.

Cuando una economía criminal compite exitosamente con el Estado por recursos, territorios, lealtades y poder, la seguridad deja de ser un problema policial y se transforma en una cuestión de supervivencia nacional. El autor es exministro de Salud y de Vivienda, y exdirector de la CSS.