Produce envidia de la sana leer que hay lugares que han logrado resolver algunos de los dilemas de la representación. Así lo afirma la escritora Ana Iris Simón en relación con “la igualdad, las libertades o identidades sexuales” cuando hace un balance de un movimiento que, como el 15-M, sacudió los cimientos de la política española reciente.

Tal situación, por lo demás, tiene su mérito en tiempos donde no corre viento a favor para los derechos de las mujeres. Para explicarlo, proliferan investigaciones sobre el rol de la extrema derecha en auge en los retrocesos.

Se observa menos ahínco por indagar el papel de una modalidad del feminismo, el identitario el que, una vez llegado al poder, puede haber contribuido también a ello bien por impostura, bien por torpeza. Como ejemplo, ya se vio cómo todo lo que rodeó el “caso Monsalve” sepultó las aspiraciones feministas del gobierno de Gabriel Boric.

Chile, por contraste, está lejos de España en la materia. Si bien muestra hitos como la llegada de una mujer dos veces a la Presidencia, la constitución de órganos constituyentes con paridad de género y el aterrizaje de la ministra de la Mujer y Equidad de Género en el corazón del Comité Político, está viendo peligrar la cifra récord de casi 33% de mujeres que ostenta hoy el Congreso.

Sucede que hasta 2029 funcionará la ley de participación política equilibrada entre hombres y mujeres, expirando en ese momento su vigencia luego de su implementación durante varias elecciones parlamentarias consecutivas. Frente a ello, un grupo transversal de diputadas se ha movilizado para actualizarla ya que el riesgo es evidente.

Aquellos países que han eliminado o flexibilizado las cuotas de género experimentaron una marcha atrás.A la urgencia de legislar una prórroga de la Ley 20.840, se añaden otros desafíos. Barreras emergentes como la violencia digital de género actúan como inhibidoras de las carreras políticas femeninas.

Por ello, parecer acertado que la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado haya aprobado la creación de un delito específico de violencia política digital. Finalmente, año luego de año, vemos cómo el Servel rechaza gastos de los partidos como parte del incentivo que reciben para promover la formación y la participación política de las mujeres dentro de sus filas.

En paralelo, hay formaciones que ni siquiera lo utilizan. Luego de una década de rodaje, parece necesario revisar una iniciativa que soporta mucho margen de mejora.No encontraremos el acceso equitativo a la representación popular como demanda ciudadana prioritaria en estudios y encuestas.

No obstante, forma parte de una idea más amplia y poderosa atribuida a la expresidenta Michelle Bachelet: “Cuando una mujer avanza, ningún país retrocede”. Por María de los Ángeles Fernández, Doctora en Ciencia Política