Los argentinos conviven este año con un sistema tributario que contempla 150 impuestos, tasas y contribuciones distribuidos entre la Nación, las provincias y los municipios. La cifra representa una reducción respecto de los 155 tributos relevados en 2025, principalmente por la eliminación de cinco gravámenes nacionales dispuesta por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.La conclusión surge del último Vademécum Tributario 2026 elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que identificó 40 tributos nacionales, 28 provinciales y 82 municipales vigentes a lo largo del país.Entre los impuestos eliminados figuran los internos que gravaban los vehículos automotores, las embarcaciones deportivas o de recreación, los seguros, los servicios de telefonía celular y los objetos suntuarios.

Según el instituto, la reducción también refleja algunos ajustes metodológicos realizados en el relevamiento, aunque el principal cambio provino de la eliminación de esos tributos nacionales.No obstante, detrás de la extensa lista de impuestos aparece un fenómeno llamativo: la recaudación efectiva del Estado está fuertemente concentrada en un puñado de gravámenes.El Iaraf proyecta que la presión tributaria consolidada alcanzará este año el equivalente al 26,6% del Producto Bruto Interno (PBI). De ese total, apenas seis tributos explicarán el 85% de toda la recaudación obtenida por los tres niveles de gobierno.Se trata del IVA, los aportes y contribuciones a la seguridad social, el impuesto a las ganancias, Ingresos Brutos, el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios y la Tasa por inspección de seguridad e Higiene Municipal (TISH).La concentración es todavía mayor cuando se agregan los impuestos a los combustibles y los tributos vinculados al comercio exterior.

En ese caso, apenas diez gravámenes explican el 94% de toda la recaudación consolidada del país.Los que más aportanEl principal sostén del sistema sigue siendo el IVA, que representa el 25% de toda la recaudación consolidada. Le siguen los aportes y contribuciones a la seguridad social, con el 19%, y el impuesto a las ganancias, con el 18%.Más atrás aparece Ingresos Brutos, el principal impuesto provincial, con una participación del 14,7%.

Luego se ubican el impuesto al cheque, con el 6%, y la tasa municipal de inspección, seguridad e higiene, con el 2,6%.Los datos muestran que la complejidad del sistema tributario argentino no se traduce en una recaudación diversificada. Por el contrario, la mayor parte de los recursos estatales depende de un número relativamente reducido de impuestos.El informe también estima cómo se distribuye el dinero que pagan los contribuyentes.

De cada $100 recaudados, $23,1 quedan en el Tesoro nacional, $28,3 financian a la Anses, $35,3 corresponden a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y $13,3 terminan en los municipios.Una carga pesadaLa discusión sobre los impuestos no pasa únicamente por la cantidad de tributos existentes. También involucra el peso que tienen sobre la economía.Un informe reciente de la consultora Econviews, elaborado sobre la base de datos de la OCDE y organismos internacionales, estimó que la presión tributaria argentina ronda el 27% del PBI, un nivel superior al de varios países de América Latina, entre ellos México, Colombia y Chile.

Es igual al porcentaje que rige en Estados Unidos.Según los economistas, la diferencia no radica solamente en cuánto recauda el Estado sino en la composición de esa carga tributaria. La Argentina mantiene una fuerte dependencia de gravámenes considerados distorsivos, especialmente a nivel provincial y municipal.El podio de los más distorsivosPara César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, el principal problema del sistema argentino no es solamente la cantidad de tributos vigentes sino la superposición de cargas entre Nación, provincias y municipios.El especialista estimó que en la actualidad existen más de 150 tributos diferentes, aunque apenas diez explican más del 90% de la recaudación total.

A su juicio, esa estructura termina trasladándose a los precios y puede representar entre el 40% y el 60% del valor final que pagan los consumidores.En el primer lugar de su ranking de impuestos más distorsivos aparece Ingresos Brutos, debido a su efecto cascada sobre toda la cadena productiva y a su impacto sobre la competitividad de las exportaciones. Asimismo, destacó que se trata de un gravamen prácticamente inexistente en los países desarrollados.El segundo lugar corresponde a las retenciones a las exportaciones, que en la actualidad aplican pocos países en el mundo y que, según Litvin, afectan la capacidad competitiva de los sectores exportadores argentinos.El tercer puesto es para el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque.

Creado originalmente como una herramienta de emergencia, continúa vigente más de dos décadas después de su implementación.El tributarista agregó un cuarto gravamen que considera especialmente problemático: las tasas municipales calculadas sobre las ventas, particularmente las vinculadas a seguridad e higiene. Según explicó, en muchos casos funcionan como un impuesto adicional sobre la actividad económica más que como una verdadera tasa retributiva de servicios.Para Litvin, la asignatura pendiente sigue siendo una reforma tributaria integral acompañada por un nuevo acuerdo de coordinación fiscal entre Nación, provincias y municipios.

También destacó que el gobierno nacional avanzó desde diciembre de 2023 en la reducción o eliminación de más de quince tributos, aunque considera que las jurisdicciones subnacionales continúan moviéndose a un ritmo mucho más lento o en muchos casos en la dirección contraria.Lo que propone el FMILa discusión sobre una reforma tributaria más amplia también aparece en la última revisión del acuerdo firmado entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según destacó Econviews al analizar el reporte que acompaña la evaluación, el organismo propuso una serie de cambios que podrían generar ingresos adicionales equivalentes a 3,3% del PBI.Entre las recomendaciones figuran la revisión de exenciones tributarias, modificaciones al monotributo, cambios en Ganancias para ampliar la base de contribuyentes y una actualización de los impuestos a los combustibles.

El Fondo también cuestionó el costo fiscal de diversos tratamientos diferenciales en el IVA y sugirió reemplazar parte de esos beneficios por mecanismos de compensación focalizados para los hogares de menores ingresos.Uno de los focos principales está puesto sobre el monotributo. Según los cálculos incluidos en el informe, existe una brecha significativa entre la carga tributaria que enfrentan los monotributistas y la que soportan trabajadores asalariados o autónomos con ingresos similares.

El organismo estima que una reforma de ese esquema podría aportar recursos equivalentes a alrededor de un punto del PBI.Mientras el Gobierno celebra la reducción de la cantidad de impuestos nacionales vigentes, el debate de fondo comienza a desplazarse hacia otra discusión: cómo simplificar un sistema que todavía contempla 150 tributos diferentes y reducir el peso de aquellos que más distorsionan la actividad económica sin comprometer la recaudación del Estado.