Costa Rica necesita discutir seriamente el futuro de su sistema eléctrico. Eso incluye reconocer que existen retos reales: crecimiento de la demanda, nuevas tecnologías, presión sobre tarifas, necesidad de modernizar redes y desafíos derivados del cambio climático.

Negar esos problemas sería irresponsable. Pero reformar no significa desmantelar y modernizar tampoco debería convertirse en un salto al vacío.El expediente 23.414, aprobado en primer debate únicamente con los votos del oficialismo, no constituye un ajuste técnico menor.

Propone una transformación profunda del modelo eléctrico costarricense y, precisamente por eso, requiere más diálogo, más evidencia y mayores consensos de los que hemos visto hasta ahora.Durante décadas, Costa Rica construyó un sistema integrado que permitió electrificación casi universal, estabilidad operativa y una matriz renovable reconocida internacionalmente. Ese modelo puede y debe mejorar.

No obstante, conviene recordar que esos logros no surgieron espontáneamente del mercado, sino de una combinación de planificación pública, inversión estatal y visión de largo plazo.La electricidad posee características distintas a otros mercados. No hablamos de bienes de consumo ordinarios.

Hablamos de un servicio esencial que sostiene hospitales, acueductos, industrias y hogares. Cuando un sistema eléctrico falla, las consecuencias sociales y económicas son inmediatas.El problema principal del proyecto no radica en permitir mayor participación privada.

Costa Rica ya cuenta con participación privada en generación eléctrica. La preocupación está en el diseño institucional que se propone.

La creación de un nuevo ente coordinador con influencia de actores regulados sobre decisiones estratégicas genera dudas legítimas sobre posibles conflictos de interés y riesgos de captura regulatoria. Esa inquietud debería preocupar incluso a quienes defienden mercados abiertos y competencia.También persisten interrogantes sobre el impacto tarifario.

Diversos análisis técnicos han advertido de que, si grandes consumidores migran hacia esquemas contractuales más favorables, una parte importante de los costos fijos del sistema podría terminar recayendo sobre hogares, pequeñas empresas y zonas rurales. Ese riesgo merece respuestas más claras de las que hasta ahora se han ofrecido.Asimismo, la discusión ocurre en un contexto particularmente delicado.

Centroamérica enfrenta tensiones energéticas crecientes, incertidumbre climática y disputas comerciales regionales. En escenarios de mayor volatilidad, debilitar la capacidad de planificación integrada puede aumentar vulnerabilidades en vez de reducirlas.

Por eso, resulta apresurado presentar este primer debate como una victoria definitiva. El proyecto todavía requiere 38 votos en segundo debate, una mayoría calificada que hoy no existe.

Esa realidad política refleja algo importante: el país aún no ha construido el consenso necesario para una reforma de semejante magnitud. Ahí radica la principal lección.

Las transformaciones estructurales que afectan servicios esenciales no pueden imponerse únicamente desde una mayoría circunstancial. Requieren legitimidad técnica, social y democrática.Costa Rica sí necesita modernizar su sistema eléctrico.

Necesita redes inteligentes, almacenamiento energético, generación distribuida y reglas más eficientes. Pero cualquier reforma debe partir de un principio básico: proteger el interés público antes que experimentar con él.antonio.trejos.mazariegos@gmail.comAntonio Trejos Mazariegos es diputado de la República.