SANTA FE.— El juicio por los gasoductos adjudicados a Odebrecht quedó a un paso del veredicto luego de que el Tribunal Oral Federal N° 2 fijara para el martes 23 de junio la audiencia de últimas palabras de los imputados, luego de la cual el Tribunal anunciará ese mismo día el horario en que dará a conocer el veredicto del juicio por la causa. La causa, que investiga irregularidades en adjudicaciones vinculadas a la segunda ampliación de las obras de TGN y TGS adjudicados a Odebrecht entre 2006 y 2008, nació a partir de investigaciones por sobornos de Skanska y derivó en la pesquisa sobre los gasoductos adjudicados y las responsabilidades por esas adjudicaciones en la administración pública.

La acusación fiscal sostiene que existió direccionamiento hacia Odebrecht y que Julio De Vido habría creado el marco normativo y delegado facultades para confeccionar un procedimiento a medida para la empresa, asimismo de implementar fondos fiduciarios y una reglamentación que favoreció la selección de proveedores por parte del adjudicatario, según el fiscal. El fiscal Diego Luciani aseveró que hubo “un claro e inadmisible direccionamiento hacia la empresa Odebrecht” y añadió que “se organizó este desvío negocial al amparo de una compleja ingeniería burocrática”, en una causa que señala inversiones estatales superiores a los 2.300 millones de dólares en las obras de ampliación y en los gasoductos.

Los cargos formales La fiscalía explicó que la normativa y los fondos fiduciarios permitieron ejecutar las ampliaciones y que ese mecanismo produjo un esquema de adjudicaciones con ventajas para Odebrecht, y por eso la acusación por irregularidades analiza si hubo negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. En el expediente se describen las decisiones administrativas y la delegación de facultades en la Secretaría de Energía como elementos centrales de la imputación que vincula a De Vido con el direccionamiento de la contratación hacia el adjudicatario Odebrecht en las obras adjudicadas.

Luciani remarcó que el proceso se desarrolló en el marco de la emergencia económica y energética declarada en el período y que mediante esa ingeniería burocrática se sortearon controles indispensables para una contratación de la magnitud de los gasoductos adjudicados. Acusaciones y defensas enfrentadas Los defensores pidieron la absolución de todos los imputados y negaron sobornos, sobreprecios o direccionamiento efectivo en las adjudicaciones, y la defensa de Julio De Vido cuestionó lo que calificó de retórica fiscal estigmatizante y remarcó que las decisiones se adoptaron dentro del marco normativo vigente.

Las defensas de Daniel Cameron y Cristian Folgar indicaron que no se probaron sobreprecios ni direccionamiento, la defensa de Luis Beuret expresó que actuó según instrucciones para garantizar el abastecimiento y la de Julio Armando Bragulat pidió la absolución por falta de elementos que justifiquen su inclusión en la causa. La fiscalía pidió cuatro años de prisión para De Vido y Cameron, tres años y seis meses para Folgar y Beuret y la absolución de Bragulat, y el Tribunal deberá decidir ahora si las conductas investigadas configuran delito o si, como sostienen las defensas, se respetaron los procedimientos aplicables.

Luego de la audiencia de últimas palabras del 23 de junio, el Tribunal Oral Federal N° 2 anunciará el horario en que dará a conocer el veredicto, una decisión con consecuencias penales e institucionales directas para los imputados y para la interpretación judicial de las adjudicaciones de las obras de ampliación.