En poco más de un año desde el comienzo del segundo mandato de Donald Trump, las detenciones de extranjeros realizadas en territorio de Florida crecieron a un ritmo acelerado, hasta alcanzar un volumen prácticamente equivalente a la población total de Aventura, una de las ciudades de Miami-Dade.Arrestos del ICE en Florida: la cifra que se acerca a la población de AventuraDe acuerdo con un análisis realizado por Associated Press a partir de datos proporcionados al Deportation Data Project de la Universidad de California, Berkeley, cerca de 39.000 inmigrantes fueron arrestados en Florida entre el 20 de enero de 2025 y el 11 de marzo de 2026.En concreto, el registro alcanzó los 38.827 arrestos migratorios durante esos 416 días. La magnitud del dato crece al compararlo, por ejemplo, con la población de Aventura, ciudad ubicada en Miami-Dade, que según cifras de World Population Review cuenta con una población estimada de 39.892 habitantes.

Arrestos migratorios en Florida: el salto frente al período de Joe BidenLa información analizada por Associated Press muestra que las detenciones fueron más de tres veces superiores en comparación con el período equivalente de la administración anterior. Durante los 416 días previos, correspondientes a la administración de Joe Biden, se habían contabilizado 11.088 arrestos migratorios en el estado.Asimismo, el promedio diario alcanzó los 93 arrestos por jornada en Florida, una cifra que solamente fue superada por Texas, estado que registró 239 arrestos diarios y que comparte la frontera terrestre más extensa de Estados Unidos con México.Entre los estados con mayor cantidad de arrestos migratorios durante los primeros 14 meses del segundo mandato de Trump aparecen:Texas: 99.255 arrestos.

Florida: 38.827 arrestos. California: 34.793 arrestos.

Georgia: 14.350 arrestos. Nueva York: 13.957 arrestos.

Arizona: 12.070 arrestos. Nueva Jersey: 11.420 arrestos.

Virginia: 11.261 arrestos. Tennessee: 10.419 arrestos.

Pensilvania: 8796 arrestos. Detenciones migratorias en Florida: testimonios por controles en Bonita Springs y Fort MyersLa investigación de Associated Press también recopiló testimonios de familias afectadas por los procedimientos migratorios desarrollados en distintas zonas de Florida.

Uno de los casos citados involucra a una pareja guatemalteca que paseaba a su perro en un parque de Bonita Springs cuando un agente de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre detuvo al hombre y posteriormente lo entregó a funcionarios federales de inmigración.Otro episodio sucedió en las afueras de Fort Myers, donde un padre de 44 años y su hijo de 21 fueron detenidos por agentes de la oficina del sheriff del condado de Lee. Según el relato de familiares recogido por la agencia de noticias, ambos fueron deportados una semana después a Guatemala.El video que muestra el enfrentamiento de un agente de ICE contra venezolanosLa madre del joven remarcó que tanto su esposo como su hijo mantenían procesos migratorios pendientes.

No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cuestionó esa interpretación y afirmó que ambos habían ingresado ilegalmente al país norteamericano en 2017 y estaban sujetos a una orden final de expulsión emitida en 2019. De igual manera, el DHS indicó que el hombre arrestado en Bonita Springs tenía dos órdenes finales de deportación vigentes.Acuerdos 287(g) en Florida: cómo agencias estatales y locales colaboran con el ICESegún la información de Associated Press, uno de los elementos centrales para explicar el aumento de los arrestos es la participación masiva de organismos estatales y locales en tareas vinculadas al control migratorio.Un total de 347 agencias de Florida se sumaron a la estrategia de colaboración con el ICE.

Entre ellas figuran departamentos de policía, oficinas de sheriff, la Patrulla de Carreteras, la Guardia Nacional, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre e incluso la Lotería de Florida.La expansión de estas alianzas tuvo lugar mediante los acuerdos conocidos como 287(g), que permiten a las fuerzas policiales locales asumir determinadas facultades relacionadas con la aplicación de leyes migratorias.