Los extranjeros que estén en proceso de acogerse a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno no deberían ser expulsados. Esa es la recomendación que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha formulado a la Dirección General de Policía para que evite expulsiones del territorio mientras dura el proceso, que inició el pasado 16 de abril y acabará el 30 de junio.

La institución pide que no se emitan órdenes de expulsión contra ciudadanos extranjeros que no tengan antecedentes penales y cuya única condición sea la de encontrarse en situación administrativa irregular.Seguir leyendo