SAN JUAN.— En medio de la causa judicial que investiga su evolución patrimonial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó una serie de declaraciones juradas rectificativas ante organismos de control y atribuyó una parte central del crecimiento de su patrimonio familiar a inversiones realizadas en Bitcoin. Según la documentación presentada, las ganancias acumuladas por esas operaciones alcanzaron los USD 513.000.

De acuerdo con la explicación incorporada en la presentación, las inversiones en criptomonedas habrían sido efectuadas entre 2013 y 2018 mediante distintas billeteras virtuales. La reconstrucción oficial sostiene que el capital inicial rondó los USD 200.000 y que, producto de la valorización del activo digital y de diversas operaciones de compra y venta, terminó convirtiéndose en un patrimonio superior al medio millón de dólares.

La documentación también incluyó correcciones y actualizaciones patrimoniales que alcanzan a integrantes de su grupo familiar. La presentación busca responder a los cuestionamientos surgidos en torno a la evolución de sus bienes y a las inconsistencias detectadas durante la investigación que lleva adelante la Justicia.

El caso tomó relevancia política en las últimas semanas debido a la demora en la presentación de la declaración jurada y a las diferencias que generó dentro del oficialismo. Incluso dirigentes aliados habían reclamado que el funcionario transparentara su situación patrimonial para despejar dudas sobre el origen de sus bienes.

Mientras tanto, la Justicia continúa analizando movimientos financieros, cuentas y operaciones vinculadas a criptomonedas. Los investigadores ya habían detectado actividad en plataformas de activos digitales y buscan determinar si la evolución patrimonial declarada resulta consistente con los ingresos informados por el funcionario.

La presentación de Adorni constituye uno de los principales elementos que ahora serán evaluados en el expediente, donde se intenta establecer si el incremento patrimonial registrado durante los últimos años tiene una justificación económica y documental suficiente.