SANTA FE.— El Súper RIGI empezó a discutirse en la Cámara de Diputados de la Nación mirando la experiencia concreta de quienes ya se benefician del régimen vigente, lo que provocó reproches por un sesgo deliberado. La segunda reunión informativa del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se desarrolló este miércoles en el edificio Anexo “C” de la Cámara .

Al abrir la reunión, el presidente de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch , explicó que la idea era escuchar a representantes de sectores con experiencia en el RIGI aprobado el año pasado. Antes de que ingresaran los invitados, el jefe del bloque de Unión por la Patria y diputado por Santa Fe, Germán Martínez marcó las diferencias y pidió saber “cuál es el camino” de las próximas reuniones y saber si se podrán sugerir oradores "para hablar sobre el tema que interesa”.

Vaca Muerta como argumento oficial El primer expositor fue Carlos Ormachea, presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, valoró los beneficios del RIGI como sustento del nuevo régimen, ubicando a Vaca Muerta como caso testigo. “Es importante entender que en esta industria el proyecto que tenemos por delante es claramente de exportación”, expresó resaltando que limitar su explotación al mercado interno “no tiene sentido económico” ni práctico, ante la posibilidad de que en algunos años otras fuentes reemplacen parte del consumo de combustibles fósiles. Remarcó que la Ley Bases contribuyó a crear condiciones para acelerar proyectos.

Explicó también que la industria venía invirtiendo entre 5.000 y 6.000 millones de dólares por año y que ahora se ubica en niveles de 10.000 a 12.000 millones. También aseveró que el sector pasó de un déficit de alrededor de 6.000 millones de dólares en 2022 a un superávit de 7.600 millones el año pasado, con la posibilidad de cerrar este año con un superávit comercial energético “del orden de los 10.000 millones de dólares”.

Luego expuso Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, compartiendo rasgos con el sector de hidrocarburos. Después fue el turno de Esteban Gramblica, asesor legal de la Cámara Argentina de la Energía, quien recalcó la idea de oportunidad: “los recursos nos aportan positivamente como país en la medida en que se transforman en producción, empleo e infraestructura”, planteó.

Y resumió el dilema con una frase: “Debajo de la tierra, su valor social y económico es solo potencial”. Gramblica remarcó que la transición energética obliga a aprovechar recursos disponibles.

Y puso números al impacto macroeconómico: proyectó exportaciones energéticas de unos 30.000 millones de dólares para 2030, un saldo comercial que podría ubicarse entre 15.000 y 30.000 millones, e inversiones anuales de entre 11.000 y 15.000 millones de dólares hacia 2027. “La energía es el principal sector que ha anunciado inversiones en el marco del RIGI, seguido de la minería”, aseveró, y estimó que la actividad energética reúne proyectos presentados por más de 78.000 millones de dólares. Cuestionamientos sobre proveedores y empleo Los momentos de preguntas tensionaron el relato empresario.

La primera crítica llegó de Itai Hagman, de Unión por la Patria, planteando que el problema no era demostrar que el régimen beneficia a la inversión, sino explicar “de qué manera se encadena” ese proceso con el resto de la economía, con el empleo, con la ciencia y la tecnología. Y preguntó si la redacción del Súper RIGI, por su amplitud, no habilita una discrecionalidad extrema del Ejecutivo para definir “ganadores y perdedores”.

Julia Strada, también de UxP, fue más precisa en la crítica a la agenda. “Yo no entiendo por qué convocamos a representantes de cámaras de hidrocarburos y minería cuyos empresarios integrantes presentaron proyectos en el marco del RIGI y les ha ido muy bien”, expresó. Luego, recordó que en el Senado se negoció un piso del 20% en proveedores locales para obras civiles, bienes y servicios, pero que la reglamentación lo acotó solo a obras civiles; y preguntó qué pasará en este régimen ampliado con “la contratación de trabajo argentino” y de empresas locales.

Ormachea respondió sobre los encadenamientos productivos y la existencia de una cadena local en hidrocarburos. Citó el caso de Fortín de Piedra, donde expresó que trabajaron “1047 empresas argentinas de 15 provincias diferentes”.

Más adelante, la rionegrina Adriana Serquis, de UxP, cuestionó que los fundamentos del proyecto mencionen inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital, pero que el articulado no incluya obligaciones concretas de transferencia tecnológica, compre nacional o aprovechamiento de capacidades existentes. Citó el caso del litio y una planta piloto en La Plata que, según expresó, quedó detenida pese a trabajar en baterías y en desarrollos junto a la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de La Plata.

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