SANTA FE.— "Entendemos que resulta necesario materializar una convocatoria urgente a un espacio de diálogo interpoderes e interinstitucional. Antes de cualquier tratamiento legislativo, se requiere un intercambio genuino de opiniones entre el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe , el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación , el Ministerio Público de la Defensa , los colegios profesionales de la abogacía y los demás operadores judiciales directos, sobre la base de estadísticas completas, serias y transparentes".

El párrafo está contenido en una extensa nota presentada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia ante la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, cuerpo que tiene a su tratamiento el mensaje del Poder Ejecutivo que apunta a modificar la Ley 13.018 que regla el funcionamiento del sistema de jueces penales. En su última sesión, la Cámara de Diputados acordó un tratamiento preferencial para el jueves 18 del corriente al mensaje "que tiene por objeto consolidar un modelo organizativo del fuero penal acorde a los principios del sistema acusatorio, orientado a mejorar la eficiencia en la gestión judicial, garantizar una distribución racional de la carga de trabajo y fortalecer la calidad de las decisiones jurisdiccionales".

El proyecto propone la conformación de Colegios de Jueces Penales, tanto en primera instancia como en instancia de revisión, integrados por la totalidad de los magistrados con competencia en la materia, con independencia de su asiento territorial. Para el Poder Ejecutivo, este diseño permite optimizar el uso de los recursos judiciales, facilitar la rotación funcional y asegurar una distribución equitativa del trabajo, evitando situaciones de sobrecarga o subutilización.

"La asignación de causas mediante reglas objetivas, predeterminadas y públicas, establecidas por la Corte Suprema de Justicia y ejecutadas por la Oficina de Gestión Judicial, constituye un eje central del modelo propuesto, en tanto garantiza transparencia, previsibilidad y respeto del principio de juez natural", afirma el mensaje en sus considerandos. El proyecto apunta a fortalecer el rol de la Oficina de Gestión Judicial como órgano especializado en la administración y organización del trámite de los procesos, diferenciando las funciones jurisdiccionales de las tareas de gestión.

También prevé mecanismos de coordinación interna a través de los Colegios de Jueces, en materia de instancia revisora, establece un sistema de integración flexible que distingue entre supuestos de intervención unipersonal y colegiada, con el propósito de garantizar mayor calidad en la revisión de decisiones de mayor relevancia, sin generar estructuras innecesariamente rígidas. Asimismo, el mensaje habla de ejecución penal y supervisión carcelaria conformando una sección específica dentro del Colegio de Jueces de Revisión, dotada de competencia exclusiva, a fin de asegurar coherencia decisional y continuidad en la interpretación del derecho aplicable.

"El proyecto preserva la coherencia normativa con el Código Procesal Penal, evitando superposiciones y reservando a dicho cuerpo normativo la regulación de los aspectos estrictamente procedimentales, en particular en lo relativo al régimen de audiencias y recursos", señala en los considerandos. Inquietudes Ya la Corte Suprema de Justicia recibió a los presidentes de las cinco salas penales de la provincia que hicieron llegar cuestionamientos individuales al proyecto.

Ahora es el Colegio de Magistrados el que dice compartir los objetivos expuestos en los considerandos pero marcando diferencias en el articulado. En la nota a García, el Colegio señala que el proyecto "no aparece fundado en un diagnóstico, cuantitativo y cualitativo, que identifique con precisión las fallas del sistema vigente.

Los fundamentos del mensaje no se apoyan en estadísticas corroborables ni en análisis metódicos o rigurosos, y no parten de una evaluación debidamente demostrada de las supuestas deficiencias". Remarca los colegiados que esta reforma fue elaborada sin recabar la opinión de quienes operan cotidianamente el sistema.

Cuestiona la creación de una Oficina de Gestión Judicial única para toda la provincia y la unificación de los Colegios de Jueces. Otro punto que cuestiona es juez coordinador.

El Colegio mociona la convocatoria urgente a un espacio diálogo interpoderes e interinstitucional "para definir objetivos realistas del sistema penal; propone mantener la división del Colegios de Jueces por circunscripción "conservando la estructura actual y delegando en la Corte Suprema de Justicia la regulación de intervenciones de magistrados de otros distritos para coyunturas excepcionales". Díaz, interina en el norte La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, designó a la fiscal Georgina Díaz a cargo interinamente de la Fiscalía Regional de la Cuarta Circunscripción del MPA en reemplazo de Rubén Martínez, quien se acogió al beneficio de la jubilación ordinaria.

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