Este 18 de junio se cumplen 10 años de la entrada en vigencia en todo el país del sistema penal de corte acusatorio, comúnmente conocido como “juicios orales”. Un sistema, que tenía objetivos como reducir la impunidad, mejorar el acceso a la justicia, respetar los derechos humanos de víctimas e imputados, racionalizar el uso de las medidas cautelares y las sanciones penales, recuperar la confianza de las personas, entre otros.Aquí me referiré al objetivo de política criminal denominado “mínima intervención penal”, que está relacionado con el uso eficiente de los recursos del sistema penal para no sobrecriminalizar conductas y afectar con procesos penales a personas que cometieron delitos menores.

Antes de las reformas (2007), 59% de las sentencias de cárcel, se referían a sanciones de menos de tres años de privación de la libertad. Es decir, delitos menores, no violentos.

La mediana de las sanciones penales en los delitos de competencia local eran de menos de un año con cuatro meses (495 días). Cuando una persona recibe una sanción de menos de dos años, se le cambia su sanción por una multa de 6 o 7 mil pesos, cuando el Estado ya dedicó 25 mil pesos a la carpeta de investigación más 28 mil del proceso penal, más los gastos de las personas y sus familias, así como las pérdidas económicas, desgaste emocional y gastos de abogados.

Los costos y la sinrazón son mayores si la persona está en prisión.La mayor parte de los recursos se iban a delitos menores, mientras que los delitos de mayor impacto como homicidios, violaciones, secuestros, delitos violentos, entre otros, recibían pocos recursos para ser investigados efectivamente, y lograr capturar a los responsables.El nuevo sistema estableció formas simplificadas para que los delitos menores fueran atendidos y las víctimas reparadas de manera más efectiva y rápida. Por ejemplo en Jalisco se descriminalizaron los accidentes de tránsito.

Los llamados choques lamineros que antes generaban más de 10 mil capetas de investigación, ahora se median y se reparan los daños por la vía civil.En algunos estados como Chihuahua menos del 10% de las sanciones penales son de menos de tres años de prisión, lo que significa que 90% de los delitos sancionados por el proceso penal en ese estado sí corresponden a delitos de mayor impacto para la sociedad y las víctimas; mientras que los delitos menores o se sacaron de los códigos penales, se resuelven por mediación penal y justicia restaurativa, o concluyen por criterio de oportunidad, facultad de no investigar o por suspensión condicional del proceso. Reservando el proceso penal solo a delitos intencionales y violentos.

En algunos estados si se han logrado estos objetivos. En el promedio nacional el avance es lento: todavía 41% de las sentencias son de menos de tres años de prisión y apenas 7 % de las carpetas de investigación se resuelven por mediación penal.

Hay que ver las buenas prácticas de los estados que están logrando los objetivos para aplicarlas en las entidades interesadas en desarrollar el potencial del sistema acusatorio.