La Asociación de Interés Público Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi-AIP), creada en 2023 durante la administración de la polémica exrectora Etelvina Medianero de Bonagas para captar y gestionar fondos de programas y proyectos vinculados a la casa de estudios superiores, está bajo el escrutinio de las autoridades. El Ministerio de Educación (Meduca) puso en conocimiento del Ministerio Público información relacionada con el manejo de fondos de la organización, a fin de que esa entidad determine si existen elementos que ameriten una investigación.

La creación de las asociaciones de interés público (AIP) está regulada por ley y, de hecho, varias universidades y centros de investigación del país cuentan con una. En el caso de la Unachi-AIP, esta fue creada en diciembre de 2023 y, según sus críticos, la entonces rectora Etelvina Medianero de Bonagas afirmó un amplio control sobre su estructura de gobernanza.

La AIP captó fondos provenientes de donaciones privadas y de mecanismos de autogestión, entre ellos los ingresos generados por maestrías, posgrados y otros programas académicos. Por esta labor cobraba una comisión del 10%.

En este caso, la presidenta de la AIP es Rosa Moreno Araúz, vicerrectora administrativa de la Unachi; el vicepresidente es Eldis Barnes, de la Universidad de Panamá; el secretario era Pedro Rojas, también de la Unachi (murió hace un año); el tesorero es Gerardo Araúz, del Club de Leones de David; y el vocal es Virgilio Sousa, del Ministerio de Educación. Moreno Araúz y Rojas formaban parte del círculo de confianza de la exrectora, mientras que Barnes preside otra AIP en la que Medianero de Bonagas ocupa el cargo de vocal.

En otras palabras, ambos coinciden en dos juntas directivas. Por su parte, Sousa fue nombrado por el expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024) como director del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) durante la pasada administración.

Cabe recordar que clanes familiares vinculados al Partido Revolucionario Democrático (PRD), que gobernó el país entre 2019 y 2024, convirtieron a la Unachi en un “cuartel de invierno”, con nombramientos políticos. Otro aspecto que llama la atención es que los estatutos de la AIP permiten reemplazar periódicamente a todos los miembros de la junta directiva, con excepción de la presidenta.

Rosa Moreno Araúz, vicerrectora administrativa de la Unachi y una de las funcionarias más influyentes durante la gestión de Medianero de Bonagas, también ha estado vinculada a una de las figuras políticas más poderosas del PRD. Moreno Araúz es tía de Isis León Araúz, esposa del diputado perredista Raúl Pineda.

Esa relación familiar cobró relevancia pública cuando el legislador salió en defensa de la administración universitaria frente a las denuncias de nepotismo, conflictos de interés y presuntas irregularidades que rodearon a la casa de estudios superiores. Asimismo fue uno de los dirigentes que defendió la reelección de la rectora de la Unachi en 2022.

Como se recordará, la Unachi contrató a Zappe, empresa ligada a familiares de Pineda, por $135,000 para proveer servicios de fumigación y control de plagas en todas sus instalaciones, debido a “reportes de roedores, murciélagos y otras plagas”, por tres años (2024, 2025 y 2026), tres veces al año, salvo en la cafetería, donde la fumigación sería mensual. Esto incluyó también a los centros regionales de la universidad en Chiriquí Oriente, Puerto Armuelles, Tierras Altas y la extensión de Boquete.

Entre las principales funciones de esta AIP figuran la captación de fondos, la identificación de fuentes de financiamiento, la gestión de recursos para el desarrollo educativo y la prestación de apoyo técnico a la universidad. Por estas labores, la asociación cobra una comisión del 10% por cada programa o proyecto que administra.

En agosto de 2024, el profesor de la Unachi Félix Estrada Kapell dirigió una carta formal al entonces procurador de la Administración, Rigoberto González, en la que solicitó una consulta sobre la legalidad de la creación de la Unachi-AIP. Entre sus principales inquietudes figuraban la legalidad de que Moreno de Araúz presidiera la organización mientras ejercía como vicerrectora administrativa y la facultad de la entidad para cobrar un 10 % por la administración de fondos provenientes del presupuesto de la propia universidad.

Estrada Kapell también puso la lupa sobre los mecanismos de gestión de los recursos destinados a la investigación. En su consulta cuestionó si los investigadores estaban obligados a canalizar los fondos de sus proyectos a través de la Unachi-AIP y, en consecuencia, asumir el pago de un porcentaje sobre los recursos asignados.

Para el académico, era necesario aclarar si esa práctica tenía sustento legal y si la asociación estaba facultada para imponer cargos administrativos sobre recursos destinados a la actividad científica. En su respuesta, el procurador evitó pronunciarse sobre el fondo de las interrogantes.

González indicó que las competencias de la Procuraduría de la Administración se limitan al ámbito jurídico-administrativo del Estado y que emitir criterios sobre la legalidad de actos administrativos ya materializados podría exceder las facultades que le confiere la ley. Añadió que un análisis de esa naturaleza podría constituir un pronunciamiento prejudicial sobre asuntos cuya competencia corresponde exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, conforme al artículo 206 de la Constitución.

En el ámbito universitario, una de las asociaciones de interés público más relevantes es el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT-AIP) de la Universidad Tecnológica de Panamá. La entidad funciona como un vehículo administrativo y financiero para la ejecución de proyectos en áreas como recursos hídricos, logística, bioinformática y tecnologías de la información, con el propósito de facilitar la captación de fondos y fortalecer la capacidad investigativa de la educación superior panameña.

Su modelo de gobernanza descansa en una junta directiva de composición amplia, encabezada por el rector de la Universidad Tecnológica de Panamá e integrada por representantes de instituciones estatales, como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), así como por representantes de gremios empresariales. En materia de control, el CEMCIT-AIP distingue entre recursos públicos y privados.

Los fondos provenientes del Estado están sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, mientras que los ingresos obtenidos mediante autogestión o donaciones se administran bajo mecanismos propios de transparencia y rendición de cuentas. Cabe mencionar que, aunque la Contraloría mantenía personal de fiscalización dentro de la Unachi, algunos de esos funcionarios terminaron ocupando posiciones dentro de la estructura administrativa de la institución.

Uno de los casos más representativos es el de Guillermina Martínez, actual jefa de Recursos Humanos, quien entre 2021 y 2023 ejerció como responsable de control fiscal de la Contraloría en la propia universidad. A raíz de esta situación, una de las decisiones adoptadas por el contralor Anel Flores fue retirar a los fiscalizadores asignados a la Unachi y centralizar en la sede regional de la Contraloría, en David, la revisión y el refrendo de los contratos relacionados con la universidad.