“En conversación con el Presidente de la República, compartí el dictamen con el Sr. Juan José Galeano, cubriendo así los aspectos políticos y jurídicos en caso de que se apruebe, dada la relevancia de la familia involucrada”.

La frase, que se lee como una abierta confesión de sumisión al poder político, pertenece a José “José’i” González Maldonado, entonces director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS). El ex alto funcionario se jactó de su línea directa con Santiago Peña ante el propio Consejo de Administración de la previsional –teóricamente, la máxima autoridad de la institución–.

Sucedió el 30 de julio de 2024, según quedó asentado de forma irrefutable en el acta N° 054/2024. La impactante revelación de González Maldonado quedó registrada en el punto 48 del orden del día, un debate que se manejó bajo un manto de secretismo total y se dio justo cuando se cortó la transmisión oficial vía internet y el Consejo trató sobre tablas de forma exprés la millonaria propuesta de pago del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, representado por Jorge López Moreira. “Sobre tablas CA N° 1426/2024 Propuesta para aprobar la homologación del acuerdo extrajudicial ante instancia judicial con el Consorcio Hotelero Sudamericano SA”, reza textualmente el documento oficial al que tuvo acceso ABC.

El acta detalla que González Maldonado ingresó a la sesión escoltado por el asesor jurídico externo Marco Colmán, con el objetivo exclusivo de defender los alcances del millonario beneficio otorgado a la firma privada. En su exposición, el entonces director jurídico dejó correr otro dato llamativo al informar al Consejo que mantuvo un diálogo con el “Dr.

Riera” (sin precisar el nombre), “quien le indicó que varios abogados han estado llamando con relación con este juicio” (sic). A pesar del evidente conflicto de intereses, González Maldonado presionó para cerrar la propuesta de forma inmediata alegando la excesiva demora de los procesos judiciales. “El monto propuesto es de G. 7.500.000.000, de los cuales un 5% se destinaría al pago de honorarios profesionales relacionados con el juicio”, concluyó el exdirector jurídico, operando prácticamente como un lobbista de la contraparte ante el propio Consejo.

Los números detrás del acuerdo evidencian el millonario perjuicio para las arcas del IPS. Hasta la fecha de la propuesta, la deuda real del consorcio hotelero superaba los G. 10.000 millones, correspondiente a incumplimientos arrastrados desde noviembre de 2018 luego de perder un juicio contra la previsional.

A este sideral monto le faltaba agregar una cifra idéntica en concepto de mora acumulada desde diciembre de ese año hasta la fecha del pacto. No obstante, en una drástica poda de la deuda, el IPS –entonces presidido por Jorge Brítez– aceptó cobrar apenas G. 5.557 millones por el capital principal acumulado hasta noviembre de 2018, mientras que los G. 1.942 millones restantes fueron computados laxamente como intereses compensatorios, perdonando una fortuna en el camino.

Para disipar cualquier duda del Consejo y forzar la aprobación del salvataje, González Maldonado recurrió a su carta más fuerte. Citó el nombre de la actual máxima autoridad del país.

Comunicó que el pago se ejecutaría de forma inmediata (en un plazo de uno a dos días luego de la firma) y pasó a detallar su conversación con el presidente de la República, Santiago Peña. González Maldonado admitió que entregó el dictamen a Juan José Galeano, asesor económico de la Presidencia de la República, con el fin explícito de blindar los puntos “políticos y jurídicos” de la operación, justificando la excepcionalidad de la maniobra en la “relevancia de la familia involucrada”.

La referencia apuntaba directamente a la familia López Moreira-Bo, estrechamente ligada al expresidente Mario Abdo Benítez. Consumado el pacto entre bambalinas, la propuesta fue aprobada en silencio y permaneció oculta de la luz pública hasta marzo de este año.

El IPS terminó pactando en 2024 por un global de G. 7.500 millones, sumando otros G. 412.500.000 (incluido el IVA) destinados exclusivamente a honorarios profesionales. En total, la transacción cerró en G. 7.912.500.000.

El millonario botín de G. 412 millones en concepto de honorarios fue cobrado íntegramente por el propio González Maldonado. En un intento por blanquear el ingreso, el abogado consignó dicha cifra en una declaración jurada presentada en 2025.

Lea más: Abandono del IPS: Hospital Central en crítico estado edilicio No obstante, luego de destaparse el escándalo, se descubrió que en el litigio intervinieron múltiples profesionales del derecho y que el entonces director jurídico llevó a cabo una distribución discrecional y arbitraria del dinero, omitiendo deliberadamente detallar este reparto ante la Contraloría General de la República (CGR). Acorralado por estos movimientos financieros bajo sospecha, sumados a un explosivo e injustificado crecimiento patrimonial que saltó a la vista pública, González Maldonado se vio obligado a presentar su renuncia al cargo en IPS.

El caso escaló de inmediato al Ministerio Público, que ordenó la apertura de una investigación penal en su contra para determinar el alcance de una presunta red de corrupción y tráfico de influencias que ahora ya salpica directamente a la Presidencia de la República.