Por tercera vez consecutiva el Senado alcanzó un inusual empate al momento de votar la norma que habilita el alzamiento del secreto bancario por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda.Esta medida está incluida en la reforma que crea un Subsistema de Inteligencia Económica, que busca reforzar la institucionalidad para detectar operaciones del crimen organizado, como lavado de activos o financiamiento de actividades delictuales. No obstante, por diferencias ideológicas y desconfianzas políticas este punto no pudo ser resuelto en el trámite legislativo.El miércoles de la semana pasada, esta norma ya había registrado en dos ocasiones un empate a 23 votos, por lo que -de acuerdo al procedimiento de resolución contemplado en el Reglamento de la Cámara Alta- correspondía llevarlo a una tercera definición en la sesión siguiente dado que el proyecto en cuestión no tenía urgencia.Esta tercera votación se efectuó este martes, en la que nuevamente hubo un empate a 24 votos.

Factor decisivo en este resultado fueron las ausencias de los senadores Matías Walker (independiente) y Ximena Órdenes (Ind. PPD), que la semana pasada sí aprobaron el nuevo mecanismo de alzamiento del secreto bancario.

Walker estaba en Ginebra, Suiza, por un encuentro de la OIT, mientras que Órdenes no pudo viajar a tiempo desde Aysén por razones meteorológicas.El oficialismo, en acuerdo con el gobierno -que pretendía llevar este artículo a una siguiente fase legislativa-, sumó al senador Rojo Edwards (Ind. RN), que la semana pasada estaba de viaje, con lo que alcanzaron los 24 votos.La oposición, en tanto, si bien perdió dos votos, tuvo el alineamiento en esta ocasión de los senadores Alfonso de Urresti (PS) y Loreto Carvajal (PPD), que el miércoles pasado estaban ausentes, asimismo de Miguel Ángel Calisto (independiente), que a última hora se inclinó por aprobar la medida.Con este resultado, la norma del secreto bancario y gran parte de las enmiendas incorporadas por la Cámara para la creación del Subsistema de Inteligencia Financiera, se declararon por desechadas y, por ende, fueron derivadas a una comisión mixta, que se conformará por un grupo de cinco diputados y cinco senadores, que intentarán despejar las discrepancias parar arribar a una fórmula que satisfaga a todos los sectores.Anticipándose a este desenlace, los ministros del Presidente José Antonio Kast, hicieron un llamado a la oposición a tratar de lograr un acercamiento en la mixta.Si bien desde un principio el Ejecutivo se oponía a que un organismo de carácter gubernamental, como la Unidad de Análisis Financiero, tuviera mayor acceso a la información bancaria, sin necesidad de una autorización judicial (como opera en la actualidad), la investigación de la Fiscalía que dio a conocer redes del Tren de Aragua con agentes bancarios, dejó a la derecha en un pie forzado.

Ante esa encrucijada, el mismo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se abrió a buscar alternativas para perfeccionar el alzamiento del secreto bancario, manteniendo la potestad judicial.“Nuestro planteamiento es que la privacidad de las personas, en todo orden de cosas, y (cuando) se intercepte una llamada telefónica o se intervengan las cuentas bancarias, debe ser con una orden judicial. Ahora, dicho eso, tenemos la convicción desde el área económica que existen brechas, comparado con ciertas prácticas que existe en Reino Unido y en otros países, que se pueden acortar.

Y esas brechas son brechas de tipo regulatorio”, expresó Quiroz, precisando que la idea es que la información fluya en forma más ágil cuando existe un requerimiento en una investigación.Agregó que “tenemos ya redactadas minutas al respecto y esperamos que el gobierno pueda ingresarlas como indicación una vez que se conforme la comisión mixta”.“Nosotros tenemos el mayor interés en que esto se resuelva prontamente y, obviamente, ya sabemos que vamos a tener una mixta, de tal manera que no tenemos ningún inconveniente en poner la urgencia respectiva para que se resuelva de esa manera. Asumimos ese compromiso”, expresó en la sala el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN).Pese a las señales del gobierno, el debate en la sala fue tenso.El senador Karim Bianchi (independiente) expresó que “tengo contradicciones que son vitales, porque, por una parte, me enfrento al gobierno de la seguridad, que, de forma facilista, habla de registrar las mochilas, del registro de vándalos, pero cuando se trata de perseguir al crimen organizado, o sea, de irse con el pez gordo, se me achuncha...

También hoy día los narcotraficantes, los que lavan activos, tienen la oportunidad que le dio Impuestos Internos a través del ministro Quiroz de meter la plata en los casinos online. Mire usted las contradicciones que tenemos”. “Entonces, acá se habla mucho, por ejemplo, del tema de la privacidad.

Oiga, si en este país lo que menos hay es privacidad, cuando uno va a una farmacia le piden el RUT”, comentó el parlamentario de Magallanes, que asimismo es presidente de la Comisión de Seguridad.En defensa de la postura del gobierno, la senadora Vanessa Kaiser (PNL) argumentó su rechazo a la norma al considerar que afectaría a derechos fundamentales. “Nosotros estamos aquí en la discusión de si queremos un sistema de control absoluto donde el Estado es opaco ante el ciudadano y el ciudadano es transparente frente al Estado, cuando el Estado, sabemos, monopoliza la coerción”, indicó la legisladora libertaria.