SANTA FE.— Para el presidente Javier Milei se trata de un problema de conciencia moral. Ya no existen en la Argentina aportes estatales nacionales para cubrir los pasajes gratuitos a trasplantados, personas con discapacidades y niños bajo tratamientos oncológicos.

Una simple resolución había dispuesto en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, un régimen de compensaciones económicas, que el Estado otorgaba a las empresas de transporte automotor de larga distancia por el otorgamiento de esos pasajes gratuitos. La decisión, publicada en el Boletín Oficial esta semana, se fundamenta en el nuevo paradigma de libertad tarifaria del sector.

Y termina con los pagos estatales, pero no con el derecho de quienes necesitan viajar sin pagar por razones de salud. La Resolución 28/2026 deja sin efecto el esquema de pagos parciales que, desde 2018, el Estado realizaba a las compañías para mitigar el costo de los boletos otorgados por leyes especiales que benefician a personas con discapacidad, trasplantados o en proceso de trasplante y niños y adolescentes con cáncer.

No obstante, la normativa es taxativa al aclarar que esta decisión no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad. Las empresas están obligadas a seguir entregando los boletos sin cargo a los beneficiarios de las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados o en lista de espera) y 27.674 (niños, niñas y adolescentes con cáncer).

Todas son muy anteriores a la resolución que seis años atrás otorgó compensaciones a los prestadores. El cambio radica en que ahora las firmas deberán absorber dicho costo dentro de su estructura operativa, sin ayudas públicas.

Y el argumento esgrimido por la Nación es que existe libertad tarifaria para que esos costos extra lleguen al común de los pasajeros. Para la Nación , corresponde que superado el contexto de "fuerte intervención estatal" y tarifas reguladas los privados asuman el costo fijado por leyes anteriores.

Complicaciones No obstante, hay complicaciones varias. Y ya se verá más adelante por qué para el gobierno nacional el asunto es parte de su definición de aplicar “la moral como política pública”.

Hoy los transportistas pueden determinar libremente sus recorridos, horarios y precios. Con lo que cesa el pago estatal, pero nada se dice de lo que hasta aquí no se ha pagado: la Cámara Empresaria de Larga Distnacia (Celadi) afirma que el Estado debe al sector 27.000 millones de pesos.

Y que el reclamo ya ha sido judicializado hace más de un año, sin novedades. Leyes y cumplimiento Pese a lo dicho por el gobierno y las empresas (que no han cuestionado su obligación legal de otorgar pasajes gratuitos a ese grupo de personas) existen complicaciones.

Quien recorra la terminal y escuche a los pasajeros en las ventanillas comerciales verá que hay pasajes siempre que se los pida con tres semanas de antelación o más. Y pocos pasajeros que los necesitan saben que pueden presentar una denuncia a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Y sucede lo mismo con los subsidios focalizados a la energía eléctrica y el gas natural, pocos cumplieron con los trámites para registrarse. Con las garrafas de 10 kg subsidiadas con casi 10 mil pesos lo que cuesta es encontrar los comercios con el QR que habilita esas ayudas nacionales. (El Litoral procuró sin éxito obtener una lista oficial de los puntos pero solo pudo publicar una nómina extraoficial de otro origen.) Razones filosóficas La idea de no dar ayudas en los servicios públicos a quienes a todas luces las necesitan es para la administración libertaria un asunto moral.

La idea -apoyada en una corriente filosófica libertaria es que nadie debe ser forzado a ser solidario con los demás. Así, en tanto los recursos del Estado (esa “organización mafiosa”) provienen de impuestos de pago obligatorio, las ayudas que con ellos se otorguen son -desde ese punto de vista de extremo individualismo- inmorales.

Y el razonamiento se completa con otro hecho comprobable: hay libertad para fijar tarifas, horarios y trayectos, y las leyes que regulan el otorgamiento de pasajes gratuitos a casos de emergencias sociales asociadas a la salud existen, ciertamente, desde que cada compañía voluntariamente aceptó esas condiciones. En el Congreso Va en la dirección señalada el proyecto de ley sobre la propiedad privada, que ya se encuentra en el Congreso, y que el gobierno nacional espera que pueda ser tratado durante el Mundial, con la opinión pública entretenida.

El respeto a la propiedad privada es una de las bases doctrinarias de la Constitución Nacional, que fue hecha por liberales. No obstante, ahora un proyecto de ley viene a ampliarlo.

Nada curiosamente es escaso el debate público sobre el tema. Apenas unas previsibles duras críticas a la iniciativa oficial por parte de la izquierda clasista y unas pocas menciones del resto de la oposición, en los minutos y espacios que dejan libres los casos de corrupción en el Ejecutivo Nacional que a diario son noticia.

El peronismo y otros partidos han