La aplanadora cartista en la Cámara de Diputados hubiese consumado descaradamente el entierro de un pedido de informes sobre la auditoría de la Contraloría a la sospechosa fortuna del presidente de la República, Santiago Peña, de no ser porque quedaron sin quórum antes de la votación. Sin el más mínimo rubor, el líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto, comunicó la rotunda negativa para que opositores y, sobre todo, la ciudadanía sepa cómo hizo la Contraloría para justificar que el patrimonio de Peña se disparó 2.400% en solo 6 años.

A esto hay que sumarle que, antes de la sesión de la fecha de Diputados, a las 8:00, fue convocado el contralor Camilo Benítez ante la comisión de Cuentas y Control de la Cámara Baja, pero les hizo el vacío y envió en su representación al Subcontralor, Augusto Paiva. “Una vez más, la Contraloría de Camilo Benítez se ausenta a la convocatoria de Diputados. Esto refuerza las sospechas de que violó su propia Carta Orgánica al liberar los royalties.

Asimismo, su evasión sugiere que se esconde de la prensa para no dar explicaciones sobre el blanqueo del estudio patrimonial del Presidente Peña", repudió el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical). El motivo de la citación al Contralor es para que explique por qué liberó el pago de royalties a la administración del intendente de J.

Augusto Saldívar, Diego Alonso (PLRA, Nuevo Liberalismo), pese a la prohibición taxativa de la Ley N° 6784/2021, que castiga a los intendentes que no pagan sus dietas a concejales críticos por motivos políticos. La diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) también fustigó el claro intento de encubrimiento a Peña, pero también la inclusión de la Contraloria de Camilo Benítez entre las instituciones blindadas por el cartismo a las que “no se puede molestar”. “Queremos saber si nos pasan la listas de instituciones a las que no les podemos pedir informes.

Sé que está Itaipú, por lo visto se suma Contraloría... claro, el compañero de padel del presidente (Camilo Benítez). A lo mejor ya entra Procuraduría.

Sería bueno tener una lista de ministerios de los que no se pueden luego pedir porque no le gusta a los colegas”, expresó en tono irónico Ortega. La misma remarcó que, si tan transparentes son supuestamente, es contradictorio que digan que se hizo todo el examen de correspondencia, pero no lo quieren mostrar.

También disparó por “llorón” e “inútil” contra el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, a quien no se le pidió luego ningún examen de correspondencia, pero ya que lo hicieron, quieren ver qué y cómo se hizo. Por su parte, el diputado Raúl Benítez (Independiente) fue mucho más duro contra el contralor Camilo Benítez, quien aspiraría al rekutú, teniendo en cuenta que el 1 de noviembre fenece su mandato y que “corre con ventaja” por ser “funcional” al gobierno de Santiago Peña. “Acá hay un paquete bien armado donde el contralor de la República primero forma parte de la expulsión de Kattya González, es el primer cómplice de la expulsión de Kattya; primer cómplice de la expulsión y salida (del exintendente de Ciudad del Este) Miguel Prieto (Yo Creo): Camilo Benítez.

Primer cómplice del camino al blanqueo definitivo del Presidente Peña“, acusó Benítez. Acotó que a dicho esquema se suma un Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón que asimismo de “admitir su inutilidad, confirma sobre todo su servilismo” al cartismo y “termina de cerrar el círculo una Corte Suprema de Justicia que no imparte justicia” y que es “garante de los suyos” en cuestiones torcida. “Hubo denuncias, hubo control, hubo auditoría, hubo dictamen, las instituciones ya actuaron, por eso estos pedidos de informes resultan improcedentes”, alegó Del Puerto, negando cuestiones básicas como la de tener el informe completo oficial.

Detrás del supuesto “control” que intentó alegar Del Puerto, hay enormes dudas, empezando por el hecho de que la Contraloría no investigó a Peña en el periodo que estuvo fuera de la Función Pública (2017-2023) como sí lo hizo con el extitular de Petropar, Eddie Jara. En otro orden, no existe una explicación firme sobre cómo hizo Peña para justificar la construcción de una mansión de US$ 900.000 en San Bernardino, sin tener fuente de financiación completa y ni siquiera el título de propiedad del terreno. “Asimismo, los antecedentes ya fueron remitidos incluso al Ministerio Público dentro del ámbito de sus competencias, por eso sostengo que estos pedidos de informes llegan, cuando las instituciones ya han cumplido su función.

Cuando exigimos controles, también debemos respetar los resultados”, intentó justificar Del Puerto.