RÍO GALLEGOS.— La Fundación Sur Santa Cruz presentó un informe técnico, jurídico y económico en el que analiza la exposición realizada por el ministro de Economía provincial ante la Cámara de Diputados en el marco del proyecto de ley que solicita autorización para contraer deuda pública por hasta 600 millones de dólares. Según el documento, al que tuvo acceso La Opinión Austral, la información aportada por el Poder Ejecutivo “no logra subsanar las observaciones formuladas en el informe original” y, por el contrario, “expone nuevas preocupaciones vinculadas a la transparencia del proyecto, la sostenibilidad financiera de la deuda y los mecanismos de control previstos para su ejecución”.

Desde la Fundación sostuvieron que el listado de obras presentado por el Gobierno “carece de fuerza legal debido a que no forma parte del articulado de la ley y fue presentado con carácter meramente enunciativo”. En ese sentido, advirtieron que el proyecto “mantiene un objeto abierto e indeterminado, permitiendo futuras reasignaciones de fondos sin una obligación legal de respetar el detalle de inversiones anunciado”.

Enviado a los diputados El presidente de la Fundación Sur Santa Cruz, Javier A. Stoessel, remitió el informe completo a todos los diputados provinciales con el objetivo de que cuenten con mayores elementos de análisis antes de avanzar en el tratamiento de una iniciativa que comprometería recursos públicos por cientos de millones de dólares durante las próximas décadas.

El ministro Ezequiel Verbes, acompañado de la ministra Belén Elmiger (derecha), explicando el proyecto ante los diputados provinciales. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL). Según se aclaró, este documento constituye el segundo informe elaborado por los equipos técnicos de la Fundación sobre el proyecto de endeudamiento impulsado por el Poder Ejecutivo.

A lo largo de ambos trabajos se han identificado numerosas observaciones de carácter jurídico, constitucional, financiero e institucional que, según la entidad, aún no han sido respondidas de manera satisfactoria. Desde la Fundación sostuvieron que, por la magnitud del compromiso económico que se pretende asumir, “la Legislatura debe garantizar un debate profundo, transparente y basado en información completa antes de adoptar una decisión definitiva”.

Observaciones El informe también indicó que la documentación oficial revela un plan de infraestructura mucho más amplio que el monto en la actualidad solicitado. Según los datos analizados, “la provincia proyecta obras por más de 3.500 millones de dólares y el empréstito de 600 millones representaría solamente una primera etapa” por lo que la Fundación consideró que “esta situación podría generar una presión creciente sobre futuras administraciones para continuar tomando deuda a fin de completar proyectos iniciados”.

Verbes y su equipo económico en su paso por una de las comisiones de la Cámara de Diputados a explicar los alcances del proyecto de ley de financiamiento estratégico. Entre los ejemplos citados figura el Acueducto del Río Deseado, cuya inversión total estimada supera los 2.600 millones de dólares y para el cual el endeudamiento solicitado financiaría únicamente una parte inicial de la obra.

Otro de los puntos centrales del análisis está vinculado a la capacidad real de la provincia para afrontar los futuros compromisos financieros. En el documento también se remarcó que las proyecciones oficiales muestran una situación favorable únicamente durante el período de gracia, cuando se pagan intereses reducidos.

No obstante, advirtieron que a partir del cuarto año, cuando comienza la amortización del capital, las obligaciones anuales se incrementan de manera significativa, reduciendo considerablemente el margen de cobertura de las regalías provinciales. Debilidades institucionales La Fundación también expresó preocupación por las debilidades institucionales existentes en materia de control.

En ese sentido, cuestionó la “falta de transparencia activa del Tribunal de Cuentas y indicó que la actual conducción del organismo estuvo vinculada previamente al área económica del mismo gobierno cuya ejecución presupuestaria deberá fiscalizar”. La tapa de La Opinión Austral del 4 de junio.

Asimismo, el informe citó como antecedente el funcionamiento del Fondo Fiduciario UniRSE, señalando que durante 2025 mantuvo importantes recursos inmovilizados con bajos niveles de ejecución. Para la entidad, “esta experiencia demuestra que la creación de fondos específicos o estructuras de seguimiento no constituye por sí sola una garantía de transparencia ni de utilización eficiente de los recursos públicos”.

Frente a este escenario, la Fundación Sur Santa Cruz reclamó que, en caso de que la Legislatura avance con la autorización del endeudamiento, se incorporen mecanismos de resguardo más estrictos dentro del texto de la ley. Entre ellos, propuso establecer un listado taxativo de obras, prohibir expresamente el uso de los fondos para gasto corriente, identificar los recursos destinados a la amortización de la deuda, transparentar el cumplimiento de los límites de responsabilidad fiscal y garantizar auditorías independientes con acceso público a la información. “La exposición del ministro desplazó el eje del debate, pero no respondió las cuestiones de fondo planteadas respecto de la legalidad, la transparencia y la sustentabilidad del endeudamiento”, concluyó el informe elaborado por la Fundación Sur Santa Cruz.