La controversia estalló luego de que sectores internos de la ANDE, liderados por el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), se opusieran a la firma del contrato de suministro eléctrico con Atome. Los sindicalistas y funcionarios técnicos de la empresa estatal alegan que la tarifa técnica real es de US$ 44 por MWh, y que vender a un precio menor implicaría un millonario perjuicio para las arcas públicas.

No obstante, para los directivos de la multinacional, el sorpresivo cambio en las reglas de juego resulta inexplicable frente a los organismos internacionales que ya aprobaron el financiamiento y el emplazamiento de la planta de fertilizantes verdes en Villeta. Ante la consulta directa de si la inversión cae en caso de no cerrarse el trato en US$ 30, la respuesta de Spalding fue categórica: “Sí.

Ya estamos en riesgo”. Spalding rechazó enfáticamente que el contrato con Atome signifique un daño económico para la empresa estatal.

Explicó que el suministro se iniciará recién en 2029, año en el que se espera que los costos de producción de energía bajen considerablemente porque la deuda histórica de Itaipú ya estará totalmente amortizada. “Este contrato no significa daño patrimonial para la ANDE, de ninguna manera. Oficialmente, la ANDE expresó que el año pasado su costo era de US$ 27 por MWh.

Hoy con US$ 30 la ANDE no pierde dinero", argumentó el empresario. Asimismo, aclaró que la planta industrial no utilizará la red de distribución de la ANDE, sino que la propia firma inyectará US$ 12 millones para adecuar la Subestación Buey Rodeo y retirar la energía en alta tensión.

El proyecto ya cuenta con un millonario blindaje financiero en el exterior. En marzo de este año, durante la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Asunción, firmaron créditos por US$ 420 millones y se aseguraron US$ 245 millones de aporte de capital con fondos europeos, atrayendo a inversionistas que apuestan por primera vez a un mercado emergente. “Yo no entiendo.

Y cuando tengo que explicarle esto a los ingleses, alemanes y franceses, no es fácil. ¿Qué está pasando?”, cuestionó Spalding, apuntando a las trabas que surgieron repentinamente luego de que las condiciones ya habían sido dialogadas con el Gobierno.

El titular de Atome advirtió que tumbar este acuerdo tendría un efecto cascada negativo. “Puede ser un golpe muy importante a la credibilidad país. Las calificadoras de riesgo que otorgan el grado de inversión hablan de la diversificación de la producción de Paraguay y mencionan a Atome.

No quiero pensar lo que pueda ocurrir si es al revés", sentenció. Uno de los puntos más críticos señalados por el presidente de Atome apunta directamente a la estrategia jurídica de Sitrande.

Para Spalding, la intención gremial de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra el régimen de tarifas especiales es un contrasentido que terminará perjudicando al propio Estado. “Me parece una pena. Inclusive fuentes dentro del propio grupo saben que su caso no tiene cabida”, advirtió nuestro entrevistado.

Añadió que, si la máxima instancia judicial llegara a dar la razón al sindicato, se generaría un peligroso “efecto bumerán” que atentaría contra las actuales tarifas de la ANDE. El ejecutivo explicó que, bajo el mismo criterio jurídico que pretende usar el gremio, “todo el Pliego 21 sería ilegal”, ya que la tarifa general vigente hoy para el sector industrial también fue aprobada mediante un decreto del Poder Ejecutivo y está por debajo de la tarifa técnica que se argumenta.

Alertó que una resolución de ese tipo afectaría gravemente la gobernabilidad y la institucionalidad del país. Para cerrar el argumento, Spalding utilizó las matemáticas del propio Pliego 21 para demostrar que la tarifa de US$ 30 acordada no es ningún regalo.

Remarcó que cualquier industria paraguaya conectada hoy en alta tensión (220 kV), con un dólar por encima de los 7.000 guaraníes y un uso continuo de la potencia, ya paga un promedio menor a los 30 dólares por megavatio hora. Para garantizar la llegada de estos capitales, el Ejecutivo había emitido el Decreto 5307, creando una categoría tarifaria especial para grandes industrias.

Posteriormente, sacó el Decreto 5861, que limitó el régimen a 250 MW luego de un consenso en una mesa de diálogo con los sindicatos de la ANDE. Hoy, paradójicamente, ese mismo pacto es atacado con amenazas de inconstitucionalidad por parte de Sitrande.

La dilatación de la ANDE ya tiene impactos en el terreno. Spalding dio a conocer que hoy existen 130 empleos directos en riesgo de paralización, correspondientes a los trabajos previos de movimiento de suelo en las 30 hectáreas del futuro complejo ubicado en Villeta.

De concretarse, la megaplanta promete un pico de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción y 1.300 empleos estables en la fase de operación. Asimismo, inyectaría unos US$ 200 millones en contratos directos con proveedores paraguayos para obras civiles, informática y logística. “No estamos pidiendo subsidio, estamos pidiendo un precio estable, fijo en dólares, por un tiempo (10 años), para poder repagar la deuda.

Pasado ese tiempo, Atome pasa a la tarifa general por 15, 20 o 30 años“, concluyó el directivo, dejando la pelota en la cancha de las autoridades nacionales que deberán definir si apuestan por este tipo de industrialización a 30 dólares el MWh o ceden ante los reclamos de los sindicatos y sectores técnicos de la ANDE.