La presidenta del Tribunal de Cuentas (TCU), Enriqueta Chicano, ha anunciado este martes que el organismo fiscalizador está debatiendo elaborar un estudio "jurídico-técnico" sobre las consecuencias de la sucesión de prórrogas presupuestarias en la gestión de las cuentas públicas. Así lo ha trasladado Chicano durante su comparecencia en comisión parlamentaria, donde ha desgranado los resultados de su informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024.

Un documento que ha despertado cierta polémica al hacerse eco de que Hacienda recurrió temporalmente a créditos sobrantes en el capítulo presupuestario de los fondos europeos para pagar pensiones. Algo que la presidenta ha descartado que sea equivalente a financiar las pensiones con dinero europeo del plan de recuperación, como ya ha aclarado la propia Comisión Europea.

Respecto a las prórrogas presupuestarias, la presidenta del TCU ha descartado pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la prolongación de las cuentas públicas de 2023, que todavía siguen vigentes pese a que se aprobaron en la legislatura anterior. Chicano se ha escudado en que el Tribunal Constitucional ya se va a pronunciar sobre esta cuestión después de haber admitido a trámite una demanda promovida por la mayoría del PP en el Senado.No obstante, ha afirmado a renglón seguido, que están estudiando "si se hace una nota o un informe" para entrar en los efectos que las prórrogas pueden tener en el uso de los recursos públicos.

Esta cuestión ha quedado fuera de las conclusiones del informe sobre la Cuenta General del Estado, aunque hasta seis consejeros del TCU han lamentado que no se haya ahondado en el asunto (de los cuales, solo uno votó en contra del dictamen). Pensiones y fondos europeosLa otra cuestión que ha sobrevolado toda la comparecencia de Chicano ha sido la de las pensiones y los fondos europeos.

Sobre este aspecto, la presidenta del TCU ha sido tajante. "El Tribunal no ha afirmado en la declaración, ni en el auto resumen, ni en la nota de prensa que se pagaran pensiones con fondos europeos", ha defendido.

En concreto, el informe del TCU señalaba que el Gobierno había autorizado dos modificaciones presupuestarias por valor de 2.389 millones para pagar pensiones de Clases Pasivas y complementos de pensiones mínimas. Esas modificaciones afectaban al "servicio 50", el capítulo de los Presupuestos Generales de 2023 donde se incluyen los fondos europeos de recuperación.

El Tribunal de Cuentas sostiene que los fundamentos jurídicos de esa decisión tenían que haber quedado mejor justificados, porque esta afectaba a la gestión de los fondos europeos, que tiene su normativa propia. No obstante, incluye esta apreciación en el apartado de incidencias "que no afectan a la opinión sobre la Cuenta General del Estado".

Y no en el salvedades, que son los elementos que el TCU remite al Parlamento para que inste al Gobierno a subsanar. En un primer borrador esta cuestión sí que se había incluido en el apartado de salvedades, pero el Ministerio de Hacienda presentó alegaciones que fueron atendidas y se movió de categoría.

Seis consejeros del TCU se opusieron a esa modificación, aunque solo uno votó en contra del informe final. En concreto, cuatro de ellos emitieron un voto concurrente en el que señalaban que las dos modificaciones presupuestarias "carecieron de fundamento normativo".