SANTA ROSA.— La Mesa Intersindical de gremios estatales de la provincia presentó una impugnación formal contra la convocatoria a la audiencia pública, convocada por el Concejo Deliberante de la ciudad para el martes 16 de junio, en la que se analizará el proyecto de ampliación del ejido urbano sobre el acuífero que comparten Santa Rosa, Toay, Anguil y Catriló; una iniciativa motorizada por la intención de loteo de tierras de la dirigencia del club Santa Rosa Rugby.La presentación que presentó la Mesa Intersindicial y fue difundida en un comunicado de prensa, fue dirigida a la Presidencia y a los distintos bloques que componen el Concejo Deliberante de Santa Rosa y se basa en las críticas a los requisitos impuestos para participar de dicha convocatoria. Una presentación similar ya había realizado la Fundación Chadileuvú.Según los gremios, la convocatoria impone requisitos que la transforman en “violatoria del derecho constitucional a la participación ciudadana, del derecho a un ambiente sano y de la normativa vigente en materia de participación ambiental”.

La presentación de los sindicatos estatales quedó incorporada al expediente del proyecto urbanístico impulsado para incorporar el Area de Urbanización Prioritaria (AUP).Los gremios también advierten que del “riesgo” que implica el proyecto de urbanización sobre una zona de especial cuidado ambiental. “La incorporación del Área de Urbanización Prioritaria (AUP) ubicado sobre el acuífero Toay, Santa Rosa, Anguil, con exigencias o requisitos limitantes a la participación pone en riesgo para la generación presente y las futuras un elemento esencial para la vida humana”, remarcaron.La Intersindical criticó que la convocatoria exige requisitos que “no están previstos en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y leyes aplicables al exigir requisitos tales como idoneidad técnica, antecedentes penales, domicilio local e inscripción limitada para participar de una audiencia pública”.Y recuerdan que el régimen jurídico de las audiencias públicas habilita la participación de toda persona física o jurídica que invoque un interés legítimo o un derecho de incidencia colectiva, sin condicionamientos de ese tipo. “Es esencial que se garantice el derecho a la participación ciudadana. La exigencia de determinados requisitos desnaturaliza la audiencia pública y afecta la debida participación abierta y plural y la transparencia en la toma de decisiones estatales”, indicaron en sus argumentos.Y añadieron que las exigencias incorporadas “restringen injustificadamente la participación ciudadana y que resultan arbitrarias y contrarias a la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, la Ley General del Ambiente, el Código de Aguas de La Pampa y el Acuerdo de Escazú”.Otra fecha.En ese marco, la Intersindical solicitó que se deje sin efecto la convocatoria en las condiciones actuales y reclamó una nueva audiencia, con otra fecha, específicamente después del Mundial de fútbol que comienza este jueves.Solicitaron que dicha audiencia se efectúe “con posterioridad al Mundial de fútbol para garantizar participación ciudadana amplia e irrestricta” y que se publique con antelación toda la documentación vinculada al proyecto, incluidos los informes de impacto ambiental.